Fotografía: Redacción CIgdl.
• La FGR sostiene que desmantela una red de huachicol fiscal, pero las contradicciones alrededor de Rafael Ojeda, los documentos de la Marina y los detenidos dejan una pregunta incómoda: ¿se está llegando a los verdaderos responsables del negocio?
La investigación del huachicol fiscal empieza a tener una contradicción difícil de explicar: la Fiscalía General de la República dice que busca al exsecretario de Marina Rafael Ojeda y no lo encuentra.
La misma Fiscalía que ha logrado detener a distintos personajes vinculados con la investigación, entre ellos Ernesto Ruffo Apple, primer gobernador de oposición en el país señalado por su presunta participación en la red, parece no poder localizar para declarar a quien encabezó la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante parte de los hechos.
Y aquí está lo verdaderamente relevante.
La defensa de los hermanos Farías sostiene que documentos encontrados en la bodega que la Fiscalía presentó como un nuevo hallazgo están firmados por el propio Ojeda y no por sus defendidos. También reclama acceso a información que permanece bajo resguardo de la Secretaría de Marina y cuestiona que documentos fundamentales permanezcan clasificados como seguridad nacional.
La Fiscalía, por su parte, afirma que no se trató de un contrabando aislado, sino de una estructura con capacidad para importar, transportar, almacenar y distribuir millones de litros de combustible. Pero una operación de esa magnitud difícilmente pudo funcionar sin controles, autorizaciones, inspecciones y participación de distintas áreas del gobierno.
Entonces la pregunta sin respuesta es: ¿dónde termina la cadena de responsabilidades?
Porque hasta ahora la Fiscalía parece encontrar con mayor facilidad a quienes están en los niveles visibles de la operación —incluso personajes que pueden tener vínculos políticos con la oposición—, pero cuando la investigación se acerca a quienes pudieron conocer, autorizar, tolerar o encubrir la operación desde posiciones de mayor responsabilidad, comienzan las zonas oscuras.
Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías, sostiene que su marido fue utilizado para encubrir a otros responsables y que su esperanza es que Estados Unidos encuentre a los verdaderos culpables. Es una versión que deberá probarse, pero que plantea una pregunta que la Fiscalía tendría que responder con evidencia.
Si había una red, ¿por qué solamente estamos viendo una parte de ella?
El caso no se resolverá demostrando únicamente quién participó en el contrabando. Habrá que determinar quién lo hizo posible, quién lo supo, quién recibió información y, sobre todo, quién decidió no detenerlo.
Porque si la Fiscalía realmente quiere llegar al fondo del huachicol fiscal, no debería bastarle con encontrar culpables. Tiene que encontrar a los responsables.
@JErnestoMadrid
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