Fotografía:Redacción CIgdl.
• Las restricciones a la Modalidad 40, la falta de líneas de captura para pagar y las protestas del personal exhiben una crisis de certeza jurídica y operativa. El Senado pedirá explicaciones a Zoé Robledo, mientras el Instituto aún debe aclarar cómo protegerá a los asegurados.
En el IMSS, el trabajador enfrenta una paradoja: después de años de cotizar, ahora tiene que defender las reglas con las que esperaba pensionarse. Y, para colmo, hay quienes ni siquiera pueden pagar porque el Instituto no habilita el sistema para generar su línea de captura.
El argumento oficial es combatir presuntos fraudes en la Modalidad 40. Si existen irregularidades, que se investiguen y se castigue a los responsables. Pero una cosa es perseguir abusos y otra restringir derechos de todos bajo la sospecha de que algunos pudieron aprovecharse del sistema.
Rodolfo Servín, vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública, puso el dedo en la llaga: la Ley del Seguro Social permite a los trabajadores que causan baja continuar cotizando voluntariamente con el mismo salario o uno superior al último registrado. Desde su perspectiva, modificar esa posibilidad no corresponde a un acuerdo del Consejo Técnico, sino a una reforma legal aprobada por el Congreso.
No es un detalle administrativo. Es el centro del conflicto: ¿puede el IMSS restringir mediante un acuerdo una opción que la ley reconoce? La respuesta tendrá que sustentarse jurídicamente, no resolverse sólo con declaraciones sobre supuestos fraudes.
El acuerdo publicado el 21 de octubre impuso restricciones temporales a nuevas incorporaciones y reincorporaciones, incluidos los salarios con los que pueden registrarse y los pagos retroactivos. Mientras tanto, el propio Instituto dispone de seis meses para evaluar el impacto financiero de la modalidad. Es decir, las restricciones llegaron antes de que concluya el diagnóstico que debe explicar su alcance.
La Comisión de Seguridad Social del Senado citará a Zoé Robledo para que dé explicaciones. Y el contador Jorge Ponce Yépez señaló en entrevista con este portal que la revisión no implica que quienes ya están inscritos pierdan automáticamente sus derechos. Una precisión necesaria, aunque insuficiente para resolver las dudas operativas.
Pero hay un costo que va más allá de los reglamentos: el golpe puede recaer precisamente en los adultos mayores y en quienes están cerca del retiro, personas que necesitan certidumbre sobre el ingreso con el que vivirán después de décadas de trabajo. El gobierno presume las pensiones del Bienestar como una de sus principales políticas sociales; sus críticos cuestionan que esas transferencias también se conviertan en capital político y electoral. Sin embargo, una pensión universal no sustituye el derecho de cada trabajador a recibir lo que les corresponda conforme a sus cotizaciones. La ayuda social no puede utilizarse como argumento para minimizar la incertidumbre de quien construyó su propia jubilación.
Porque el problema ya no es sólo jurídico. Asegurados reportan que no pueden pagar porque el sistema no genera la línea de captura y ni siquiera en las subdelegaciones consiguen resolverlo. Si el trabajador quiere pagar y el IMSS no le permite hacerlo, ¿quién garantiza que una falla institucional no termine afectando su retiro? Esa pregunta sigue sin una respuesta oficial clara.
Y el contexto tampoco ayuda: mientras el personal protesta por condiciones laborales, insumos y medicamentos, el Instituto abre otro frente con quienes buscan asegurar una pensión. La sostenibilidad financiera importa; también importa que las reglas sean legales, transparentes y previsibles.
El gobierno debe exhibir las pruebas de los abusos que afirma haber detectado, explicar el impacto financiero y distinguir entre quienes cometieron irregularidades y quienes sólo buscan ejercer una opción prevista en la ley. Si necesita cambiar la legislación, debe acudir al Congreso.
Porque el combate al fraude no puede convertirse en una autorización para improvisar reglas. La ley no puede ajustarse al tamaño del problema que el gobierno dice haber encontrado; el gobierno debe actuar dentro de la ley.
Y mientras eso se aclara, queda una pregunta todavía más elemental: si el IMSS no puede garantizar que un trabajador cumpla con su pago porque su propio sistema está cerrado, ¿con qué autoridad le exige certeza al ciudadano cuando ni siquiera puede ofrecérsela?
@JErnestoMadrid
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