Fotografía: Redacción CIgdl.
• La recompra de bonos en mercados internacionales y un discreto cambio regulatorio del Banco de México revelan la creciente presión sobre las finanzas públicas mexicanas, mientras agencias calificadoras advierten sobre deuda, déficit y el peso cada vez más costoso de Pemex.
Algo empieza a inquietar seriamente a los mercados financieros y las señales vienen desde el propio gobierno mexicano. Mientras México volvió a colocar deuda en mercados internacionales con nuevas emisiones de bonos a 2037 y 2056 para refinanciar obligaciones previas, al mismo tiempo el Banco de México activó un mecanismo que revela que el escenario económico comienza a tensionarse más de lo que oficialmente se reconoce.
La Secretaría de Hacienda salió nuevamente a los mercados internacionales para obtener recursos destinados a recomprar bonos en dólares con vencimientos en 2027 y 2028, así como deuda denominada en euros que vence en 2029.
Técnicamente es una operación de manejo de pasivos, pero el contexto deja ver una preocupación mayor: México enfrenta una presión creciente para corregir sus finanzas públicas o arriesgar su permanencia dentro del grado de inversión.
La advertencia ya llegó desde las principales calificadoras. S&P Global Ratings modificó recientemente la perspectiva soberana de México a negativa, mientras Moody’s Ratings colocó al país en el último escalón del grado de inversión, señalando como principal factor de riesgo el deterioro fiscal, el aumento del endeudamiento y la carga permanente que representa el rescate financiero de Petróleos Mexicanos.
Pero el movimiento más delicado ocurrió en silencio. A través de la Circular 8/2026, el Banco de México modificó sus reglas internas y ahora podrá adquirir deuda gubernamental —como Cetes, Bonos M, Bondes y Udibonos— mediante subastas inversas en el mercado secundario.
La explicación oficial habla de una herramienta para administrar liquidez dentro del sistema financiero, pero en el mercado la lectura es otra: Banxico estaría preparando un mecanismo de emergencia para intervenir si México enfrenta una crisis de confianza derivada de una eventual pérdida del grado de inversión.
Si alguna calificadora rebajara nuevamente la deuda soberana, grandes fondos internacionales estarían obligados a vender bonos mexicanos de manera masiva, disparando tasas de interés y encareciendo el financiamiento nacional. En ese escenario, Banxico entraría como comprador de última instancia, absorbiendo el golpe y estabilizando el mercado.
Aquí aparece el debate más delicado. El artículo 28 constitucional prohíbe al banco central financiar directamente al gobierno federal. Aunque técnicamente no estaría comprando deuda en mercado primario, intervenir en el mercado secundario abre cuestionamientos sobre un posible financiamiento indirecto que podría reducir incentivos del gobierno para corregir su desorden presupuestario.
México emitió apenas el año pasado más de 41 mil millones de dólares en deuda, gran parte destinada a respaldar a Pemex, mientras el déficit fiscal sigue ampliándose y el crecimiento económico permanece debilitado.
El mensaje que hoy envían estas decisiones resulta claro: el problema no es la emisión de nueva deuda. La verdadera señal de alerta aparece cuando el banco central comienza a preparar mecanismos extraordinarios para contener un posible episodio de pánico financiero.
Más que una estrategia de fortaleza, lo que empieza a construirse es un blindaje preventivo frente a una economía que cada vez enfrenta menor margen de maniobra y una creciente desconfianza de los mercados internacionales.
La pregunta de fondo ya no es si México puede seguir endeudándose. La verdadera pregunta es cuánto tiempo podrá hacerlo sin pagar el costo de haber llevado sus finanzas públicas al límite.
@JErnestoMadrid
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