Fotografía: Redacción CIgdl.
La comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República volvió a encender el debate sobre el uso político de las instituciones federales y la creciente confrontación entre el gobierno de Morena y los estados gobernados por la oposición.
Aunque hasta el momento no existe una acusación formal contra la mandataria panista, la narrativa impulsada desde sectores cercanos al oficialismo ya la coloca en el centro de un escándalo relacionado con un presunto narcolaboratorio localizado en Morelos, Chihuahua, donde incluso han surgido versiones sobre la participación de agentes de la CIA. Sin pruebas públicas concluyentes ni una imputación concreta, el caso ha sido utilizado políticamente para desgastar a una de las principales figuras opositoras del país.
La actuación del gobierno federal vuelve a mostrar un patrón que se ha repetido en los últimos años: el uso mediático de investigaciones judiciales para golpear adversarios políticos mientras otros personajes cercanos al oficialismo enfrentan señalamientos similares sin consecuencias visibles. La propia Campos cuestionó el trato diferenciado hacia funcionarios relacionados con presuntos vínculos criminales, señalando que en algunos casos las autoridades federales parecen actuar con discreción y en otros con una exposición pública desproporcionada.
La presencia de dirigentes del Partido Acción Nacional, como Jorge Romero y Alessandra Rojo de la Vega, evidenció que el caso ya escaló del terreno judicial al político. Para la oposición, el citatorio forma parte de una estrategia de presión desde el poder federal contra gobiernos que no se alinean con Morena.
El problema de fondo no es únicamente la investigación, sino la percepción de selectividad en la aplicación de la justicia. Mientras legisladores morenistas impulsan acusaciones de “traición a la patria” contra Campos sin que exista una imputación formal, otros expedientes vinculados a personajes cercanos al oficialismo avanzan lentamente o terminan archivados.
Además, el cierre de otro citatorio relacionado con denuncias del exgobernador Javier Corral dejó en evidencia inconsistencias en el manejo de los procesos. La oposición sostiene que el aparato institucional federal está siendo utilizado más como herramienta de presión política que como mecanismo imparcial de justicia.
El caso también refleja el deterioro en la relación entre el gobierno federal y varios estados del país. En lugar de fortalecer la coordinación en seguridad y combate al crimen organizado, las diferencias políticas parecen profundizarse a través de confrontaciones públicas, filtraciones y acusaciones cruzadas.
En medio de una crisis nacional de violencia, desapariciones y expansión del crimen organizado, resulta preocupante que la atención pública se concentre más en disputas políticas que en resultados concretos en materia de seguridad. La ciudadanía exige investigaciones serias, transparentes y alejadas de intereses partidistas, no espectáculos mediáticos que alimenten la polarización política del país.
