Fotografía: Redacción CIgdl.
• El nuevo modelo estadístico del SESNSP ofrece un mayor nivel de detalle para medir la criminalidad, pero mantiene sin desagregar el fenómeno de las desapariciones, justo cuando ese delito se ha convertido en uno de los principales indicadores de la crisis de seguridad en México.
El gobierno federal presentó como un avance histórico la nueva metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para medir la incidencia delictiva. Y técnicamente lo es. Por primera vez desde 1998, el sistema permite conocer con mayor detalle cómo, dónde y bajo qué modalidad se cometen delitos como homicidio, feminicidio, extorsión y narcomenudeo.
Sin embargo, detrás de esa mayor precisión estadística permanece un vacío que modifica la lectura de la seguridad pública en México: el delito que más ha crecido en los últimos años, las desapariciones, sigue sin poder medirse con claridad. Ese es el principal señalamiento del análisis Banamex Estudios Económicos en un análisis técnico sobre la nueva metodología, “Mayor desglose en clasificación de delitos, oportunidad perdida en desapariciones”, que reconoce el avance metodológico, pero advierte que la reforma deja intacta la opacidad sobre uno de los fenómenos criminales más graves del país.
La contradicción aparece al revisar los propios datos oficiales. Mientras el Gobierno presume que el homicidio doloso cayó 46% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 86.9 a 47.3 asesinatos diarios, la nueva metodología continúa sin separar las desapariciones forzadas, las desapariciones cometidas por particulares y otras formas de privación ilegal de la libertad.
Es decir, se perfecciona la medición del delito cuya incidencia disminuye, pero permanece difuso el registro del delito cuya tendencia sigue creciendo. Los nuevos registros sí ofrecen información inédita. Ahora es posible distinguir las tentativas de homicidio y feminicidio, conocer si el narcomenudeo corresponde a posesión simple o con fines de venta, diferenciar la extorsión presencial del cobro telefónico o digital y analizar los delitos con un nivel de detalle estatal y municipal que antes no existía.
Las cifras revelan, por ejemplo, que Colima registra la mayor tasa nacional de homicidios dolosos con 92.7 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido por Morelos, con 59.2. En materia de narcomenudeo con fines de venta, Sinaloa encabeza el país con 134.7 casos por cada 100 mil habitantes, casi ocho veces el promedio nacional de 17.3. En extorsión presencial, Morelos presenta 14.7 casos por cada 100 mil habitantes, más del doble del promedio nacional. Estos datos permiten identificar con mayor precisión la geografía de la violencia.
Pero cuando el análisis llega a las desapariciones, la precisión desaparece. La nueva clasificación incorpora el delito de privación ilegal de la libertad, aunque su definición metodológica excluye secuestro, delitos sexuales y sustracción de menores, sin aclarar plenamente dónde quedan registradas las desapariciones vinculadas con el crimen organizado o aquellas atribuidas a agentes del Estado. El resultado es un sistema que produce más información, pero no necesariamente más transparencia.
Una historia que en el contexto del mundial retrataron los medios en diversos reportajes como The Guardian un prestigioso periódico diario de cobertura global, originario del Reino Unido: https://youtu.be/oEp5a1yvrAI?si=EyyNmy3jKm8FzpCQ
La propia metodología reconoce que la incidencia delictiva depende de la apertura de carpetas de investigación por parte de los ministerios públicos. Es decir, las estadísticas no sólo reflejan la actividad criminal, sino también la capacidad institucional para registrar correctamente los delitos. Si la clasificación permanece agregada, también lo hace la posibilidad de conocer la verdadera dimensión del fenómeno.
La omisión adquiere mayor relevancia porque ocurre en un contexto donde organismos independientes han advertido que las desapariciones se han convertido en uno de los principales indicadores de la violencia en México. El Índice de Paz México 2026, del Institute for Economics & Peace, señala que el país registra un número creciente de personas desaparecidas, muchas de ellas presuntamente relacionadas con la actuación de organizaciones criminales, mientras la nueva metodología representa un avance para medir homicidios, pero aún deja pendientes en el registro de este fenómeno.
Paradójicamente, el nuevo Registro Nacional de Información Delictiva opera ahora con 39 variables, registros individualizados y microdatos capaces de reconstruir cada carpeta de investigación con mucha mayor precisión que en el pasado. La infraestructura técnica existe. Lo que sigue sin aparecer con la misma claridad es la información sobre el delito que hoy concentra buena parte de las búsquedas, de las fosas clandestinas y de las exigencias de verdad de miles de familias. Más datos no siempre significan más transparencia.
En este caso, el nuevo mapa del delito permite observar con mayor detalle la violencia visible, pero mantiene parcialmente oculto el fenómeno que hoy representa uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano: las desapariciones. Ahí, más que un problema estadístico, persiste una decisión metodológica que impide dimensionar plenamente la magnitud de una crisis que las cifras oficiales todavía no terminan de explicar.
@JErnestoMadrid
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