Fotografía: Redacción CIgdl.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha anunciado que sigue adelante con sus investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos, a pesar de enfrentar una notable falta de cooperación por parte de las autoridades locales. A medida que la tensión social se eleva en la ciudad, el organismo reafirma su compromiso tanto con la defensa de los derechos de las personas procesadas como en el esclarecimiento de los disturbios recientes.
Ayer, miles de tapatíos se manifestaron pacíficamente en las calles, marcando la segunda protesta en un fin de semana. La jornada comenzó en el Parque Revolución alrededor de las 11:00 horas, pero se vio interrumpida por la presencia de un grupo de individuos, identificados por los propios manifestantes como presuntos infiltrados, quienes lanzaron petardos hacia el contingente tras ser señalados. A pesar de estos incidentes, más de mil personas continuaron su camino hacia el Palacio de Gobierno, donde expresaron sus demandas sin mayores alteraciones.
La CNDH corroboró que dos de estos presuntos infiltrados fueron entregados a las autoridades por los propios manifestantes, con la presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que se encargó de documentar el procedimiento; un contraste evidente con la actuación en la manifestación del 11 de octubre, donde no se observaron acciones similares.
En lo relacionado con los disturbios y las cinco detenciones que se produjeron posteriormente, la CNDH anunció que, hasta el momento, no ha recibido denuncias de familiares o grupos organizados que califiquen dichas detenciones como injustas. Sin embargo, el organismo ha prometido una investigación exhaustiva sobre los sucesos ocurridos ese día, en el que, según sus hallazgos preliminares, se evidenció una coordinación cuestionable entre infiltrados y las fuerzas policiales presentes.
La manifestación de ayer también estuvo marcada por la tensión generada por pequeños grupos de policías federales y municipales, así como elementos antimotines, quienes, según reportes, no llevaban identificación visible y portaban armamento considerable. Esto ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las acciones de las fuerzas del orden.
Entre las demandas manifestadas por los asistentes se incluyeron exigencias de justicia por las detenciones del 11 de octubre, sanciones a los abusos policiales, y la revocación del mandato del gobernador Pablo Lemus. A lo largo de la jornada, se reportaron daños en comercios y actos de vandalismo por parte de encapuchados, quienes fueron instados repetidamente a separarse del contingente y evitar la violencia.
Con la presión social en aumento y la inminente investigación de la CNDH, el futuro de las manifestaciones en Guadalajara sigue siendo incierto, a medida que los ciudadanos se pronuncian por sus derechos y la rendición de cuentas en el actuar de las autoridades.
