Fotografía: Redacción CIgdl.
• La DEA señala a funcionarios de alto nivel vinculados con cárteles mientras Sheinbaum enfrenta el desafío del ala dura de Morena y una presión política que ya llegó al Congreso.
La advertencia de Washington ya no apunta solamente a los cárteles: apunta al poder político mexicano. Terry Cole, director de la DEA, afirmó que “hay funcionarios de alto nivel en México que trabajan con los cárteles” y confirmó que mantiene comunicación con Omar García Harfuch. El mensaje llega mientras Estados Unidos mantiene bajo presión a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, y mientras crece el escrutinio sobre figuras de Morena como Andrés Manuel López Beltrán.
No es un asunto menor. Estados Unidos acusa a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos de conspirar para traficar drogas y proteger a Los Chapitos a cambio de sobornos. Entre los señalados están Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó a la justicia estadounidense. Cole, además, advirtió a Los Chapitos que pueden terminar como El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada: con una condena de cadena perpetua.
El problema para Morena es que la presión externa coincide con una fractura interna. El regreso de Rocha al gobierno de Sinaloa fue interpretado como un desafío a Claudia Sheinbaum, particularmente porque, según diversos columnistas, habría actuado sin consultar previamente con la Presidenta ni con las instancias federales correspondientes. La posterior solicitud de licencia volvió a exhibir la distancia entre el discurso oficial —“una decisión personal”— y la dimensión política del episodio.
Diversos análisis periodísticos apuntaron incluso a una advertencia velada de llevar el conflicto al terreno legislativo mediante un juicio político si Rocha insistía en mantenerse en el cargo. No fue necesario llegar hasta ahí. La presión política terminó imponiéndose. Pero el episodio dejó al descubierto algo más importante: el enfrentamiento entre el ala dura de Morena, que todavía parece actuar bajo la lógica de protección del viejo grupo de poder, y una Presidenta que necesita consolidar su propia autoridad.
Sheinbaum nunca declaró inocente a Rocha. Exigió pruebas a Estados Unidos y defendió el debido proceso, pero cuando el gobernador con licencia volvió al cargo, la respuesta presidencial cambió de tono. Su mensaje fue claro: ningún interés personal puede estar por encima de los intereses de México. Y Harfuch reforzó esa posición al advertir que “los cargos y el poder que hoy tenemos son efímeros, pero nuestra responsabilidad no”.
La frase del secretario de Seguridad adquiere especial relevancia frente a una clase política que parece olvidar que el poder institucional no equivale a inmunidad. El mensaje de Harfuch es también una advertencia dentro de Morena: los cargos terminan y las responsabilidades permanecen.
El caso de Andy muestra hasta dónde ha penetrado ya esta crisis en la sociedad. De acuerdo con una encuesta nacional de El Universal, 64.4% considera que Estados Unidos tiene pruebas contra López Beltrán, aunque 50.1% cree que la cancelación de su visa tiene motivaciones principalmente políticas. Casi la mitad de los consultados, 48.8%, coincide además con Andy en que la medida fue “politiquera” y propagandística.
La lectura social es, por tanto, mucho más compleja que el discurso oficial: una parte importante de los mexicanos considera que Washington utiliza las visas como instrumento de presión, pero simultáneamente cree que las acusaciones pueden tener sustento.
Ese es el verdadero problema para Morena. Ya no basta con responder que todo es una campaña política de Estados Unidos. Tampoco parece suficiente invocar la soberanía para cerrar los expedientes. Washington está colocando sobre la mesa nombres, acusaciones y posibles redes de protección política; y la sociedad mexicana está mirando cómo responde el poder.
Sheinbaum enfrenta así una doble presión: hacia afuera, una relación cada vez más incómoda con Estados Unidos; hacia adentro, un movimiento donde el ala radical todavía pretende conservar espacios de poder e influencia. El caso Rocha es apenas uno de los síntomas.
La advertencia de Terry Cole tiene un alcance mayor: si existen funcionarios mexicanos que trabajan con los cárteles, Washington pretende llegar hasta ellos, aunque ocupen cargos públicos. Y la respuesta que debe dar Morena no puede ser la impunidad política ni la defensa automática de los propios.
Porque el verdadero dilema para la Presidenta ya no es solamente cómo responder a Estados Unidos. Es cómo demostrar que en su gobierno el poder no significa impunidad.
@JErnestoMadrid
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