Fotografía: Enríquez
Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Jalisco alzó la voz para denunciar presuntas violaciones a sus derechos laborales y humanos, tras la reducción de sus pensiones, medida que, aseguran, fue implementada en contra de la ley y afecta a más de mil extrabajadores en la entidad.
En una rueda de prensa, el abogado Rubén Martínez Bocanegra, representante legal de los jubilados, afirmó que las pensiones fueron obtenidas de manera legal, sustentadas en contratos colectivos, convenios y años de servicio acumulados. Por ello, consideró que dichas pensiones son derechos adquiridos que no pueden ser modificados de forma retroactiva, y que la reducción representa una vulneración a sus garantías.
El abogado explicó que los jubilados han promovido amparos ante tribunales federales para detener la disminución de sus ingresos. Hasta el momento, algunos jueces han otorgado suspensiones provisionales que mantienen intactos sus pagos, sin embargo, acusó a la CFE de desacatar estas órdenes y continuar con los descuentos, lo que calificó como una violación a la justicia y a los derechos de los pensionados.
“Estas reducciones están afectando gravemente la economía y la estabilidad emocional de nuestros representados. Muchos de ellos han tenido que cancelar seguros médicos privados, pagar créditos y afrontar dificultades para cubrir sus gastos básicos”, comentó Martínez Bocanegra.
El representante legal también cuestionó la forma en que se aplicó la reforma constitucional al artículo 127, señalando que la misma se implementó sin realizar las adecuaciones correspondientes en leyes secundarias, reglamentos internos o contratos colectivos, lo cual, afirmó, era necesario antes de proceder a cualquier ajuste en las pensiones.
Los jubilados exigieron que se respeten sus derechos adquiridos y que se detenga la reducción de sus pensiones, además de solicitar una revisión exhaustiva de la aplicación de la reforma y las medidas tomadas por la CFE en este contexto.
Este caso refleja las tensiones que genera la implementación de reformas constitucionales en derechos laborales, especialmente en sectores que dependen en gran medida de sus pensiones para su subsistencia en la tercera edad.
