Ernesto Madrid
Hay una coincidencia que empieza a resultar demasiado incómoda para Morena: mientras Estados Unidos coloca bajo escrutinio a personajes vinculados con el oficialismo, en México el aparato político vuelve a dirigir sus reflectores hacia la oposición.
A Andy López Beltrán, Estados Unidos le canceló la visa. El hijo del expresidente lo atribuyó a una decisión política y Claudia Sheinbaum salió en su defensa: sostuvo que la medida tiene un sentido de “injerencia” en la política mexicana y rechazó que la FGR deba abrir una investigación simplemente porque Washington le retiró el documento.
Jurídicamente, una visa cancelada no es una sentencia ni prueba de un delito. Eso debe quedar claro. Pero tampoco puede utilizarse como argumento para cerrar cualquier pregunta.
Porque Andy no es el único nombre que ha aparecido en el radar estadounidense. Ahí están Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; y los señalamientos difundidos sobre Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos criminales o contrabando de combustible. En el caso de Villarreal, las versiones publicadas han sido atribuidas a fuentes estadounidenses y tanto autoridades mexicanas como los propios señalados han rechazado los señalamientos.
No son casos jurídicamente equivalentes. Pero sí forman parte de una misma pregunta política: ¿por qué cuando Washington señala al poder mexicano la primera reacción es hablar de injerencia, mientras que cuando se trata de un adversario interno la respuesta suele ser exigir castigo?
Porque mientras aquí se discute la visa de Andy, Washington está cambiando el tablero.
Un día antes de que se conociera el retiro de la visa de Andy, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció que Estados Unidos prepara operaciones contra organizaciones narcotraficantes también en tierra, junto con gobiernos aliados de América Latina. Dijo que esta estrategia podría extenderse a donde quiera que operen los cárteles.
La coincidencia temporal no demuestra que exista una relación entre ambos hechos. Pero el contexto es imposible de ignorar: Washington está ampliando su estrategia contra el narcotráfico y México está en el centro del problema.
Y aquí aparece el verdadero interés cruzado. Mientras la atención estadounidense apunta hacia personajes y estructuras vinculadas al poder, Morena vuelve a desempolvar el expediente de Alejandro Moreno. El proceso de desafuero contra el dirigente priista ha sido reactivado, justamente cuando Alito ha intensificado sus visitas a Washington para denunciar presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado.
¿Casualidad? Puede ser. Pero políticamente resulta inevitable preguntarlo.
Porque mientras México lleva a Ernesto Ruffo Appel y Ángel Aguirre Rivero al centro de investigaciones por hechos vinculados con administraciones anteriores, las preguntas sobre el presente siguen esperando respuestas.
Y aquí es donde aparece el fantasma del huachicol fiscal. Si existen elementos para investigar a Ruffo, que se investigue. Si existen elementos contra Aguirre, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Nadie debería tener fuero moral ni político frente a la justicia.
Pero exactamente el mismo criterio tendría que aplicarse a cualquiera que esté cerca del poder. Porque si la justicia mexicana termina mirando hacia atrás mientras Washington mira hacia el presente, la sospecha política aparece sola: ¿estamos frente a una verdadera ofensiva contra la corrupción o frente a una operación para cambiar el foco?
La respuesta no debería depender del partido. Si Andy no tiene responsabilidad alguna, que una investigación independiente lo determine. Si Rocha, Marina del Pilar o Américo Villarreal no tienen vínculos delictivos, que las autoridades lo acrediten.
Y si existen pruebas contra cualquiera de ellos, que se actúe, sin importar que milite en Morena. Porque la soberanía nacional no puede convertirse en un escudo partidista.
Y la justicia tampoco puede funcionar como una linterna: iluminar al adversario mientras deja en penumbra al poder.
Ahí están, precisamente, los intereses cruzados.
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