Fotografías: Redacción CIgdl.
En un contexto donde la historia nos ha dejado lecciones dolorosas, la reciente propuesta del gobierno federal de reactivar y ampliar las líneas ferrocarrileras en diversos estados genera preocupación y escepticismo entre diversos sectores sociales y expertos en infraestructura. La intención de conectar Ciudad de México con Querétaro, Irapuato, León y Guadalajara, además de ampliar rutas hacia municipios del norte de Jalisco, parece apelar a una visión de modernización y desarrollo, pero omite considerar los antecedentes problemáticos y las consecuencias sociales que conlleva este tipo de proyectos.
Uno de los ejemplos más evidentes y recientes de los riesgos que implica confiar ciegamente en grandes obras ferroviarias es el caso del tren interoceánico, cuyo proceso ha estado rodeado de controversias. Aunque en las últimas declaraciones se habla de apoyo mutuo entre los gobiernos federal y estatal, también reconocen que la construcción implicará la liberación de derechos de vía y reubicación de comunidades, en especial en localidades como Pueblo Quieto. La promesa de apoyos sociales, reubicación digna y oportunidades laborales, aunque necesaria, no garantiza que no se repitan los problemas sufridos en otros proyectos similares, donde las comunidades afectadas se han sentido desplazadas, sin una verdadera participación ni beneficios claros.
El secretario de comunicaciones y transportes del gobierno federal ha mencionado que las obras serán construidas por el ejército mexicano y que podrían estar operando en 2029, con costos competitivos que buscan rivalizar con el tiempo de viaje en avión. Sin embargo, esta narrativa subestima los posibles impactos sociales y ambientales que la implementación de nuevas vías puede ocasionar, en especial en comunidades rurales y zonas de alta sensibilidad social. La experiencia indica que sin un proceso transparente y participativo, las obras terminan generando resistencias, conflictos y deteriorando la relación del Estado con sus ciudadanos.
Por otro lado, la dependencia en mecanismos que priorizan la viabilidad técnica y la aceleración de los tiempos de construcción, a menudo dejan de lado las necesidades de las comunidades afectadas y la protección de su patrimonio social y cultural. La promesa de reubicaciones y apoyos sociales, si bien es un paso en la dirección correcta, muchas veces resulta insuficiente frente a la magnitud de los impactos, y terminan siendo solo palabras para calmar escepticismos inevitables.
En conclusión, mientras el gobierno federal insiste en reavivar múltiples líneas férreas en diferentes estados del país, la historia reciente nos advierte que estos proyectos deben ser abordados con mayor responsabilidad y transparencia. La prioridad debe ser garantizar que las comunidades, especialmente las más vulnerables, sean partícipes del proceso y no solo víctimas de decisiones tomadas en oficinas alejadas de sus realidades. La construcción de infraestructura debe ir de la mano con un compromiso genuino hacia el bienestar social y ambiental, para evitar repetir los errores del pasado y convertir estos proyectos en verdaderos motores de desarrollo inclusivo.
