Fotografía: Redacción CIgdl.
• La salida de Olán de una residencia de lujo en Suiza y el reporte de The New York Times sobre señalamientos que involucran a Andy López Beltrán colocan bajo presión una de las zonas más sensibles del obradorismo: la familia presidencial y sus redes de negocios.
Hay algo particularmente incómodo para la llamada Cuarta Transformación: la prensa que durante años fue presentada como enemiga del régimen es la que siempre puso las piezas sobre la mesa. Y cada nueva pieza hace más difícil reducirlo todo a una campaña de desprestigio.
El caso de Jorge Amílcar Olán Aparicio es quizá el mejor ejemplo.
El empresario tabasqueño, señalado en diversas investigaciones periodísticas por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, fue localizado recientemente en Lugano, Suiza, por el reportero Irving Pineda, de TV Azteca. Ahora, la residencia donde habría vivido aparece nuevamente en renta por 15 mil francos suizos mensuales, más de 323 mil pesos, según información difundida por El Universal y el portal Homegate.ch. El inmueble cuenta con piscina, elevador, gimnasio, sauna y vista al lago de Lugano.
El dato inmobiliario sería apenas una anécdota si no existiera detrás una historia más amplia.
En septiembre de 2025, el periodista Claudio Ochoa reportó movimientos bancarios vinculados con Olán por 3 mil millones de pesos, además de conexiones con investigaciones sobre una red de tráfico de combustible. Semanas después, Raymundo Riva Palacio retomó esa información y señaló que una transferencia de esa magnitud habría terminado en una cuenta en Suiza, a partir de pesquisas relacionadas con Adán Augusto López y una red de factureros.
Nada de esto constituye, por sí mismo, una sentencia judicial. Señalamiento no es prueba, investigación no es condena y sospecha no equivale a culpabilidad. Pero tampoco puede hacerse como si los señalamientos no existieran.
Ahora aparece una pieza más delicada.
The New York Times reportó que dos agencias de seguridad estadounidenses examinan acusaciones sobre presuntos vínculos de Andy López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible. El propio diario precisa que no existen investigaciones formales abiertas contra él, de acuerdo con fuentes conocedoras de las indagaciones. También señala que habría buscado contacto con autoridades estadounidenses mediante intermediarios, sin que se concretaran conversaciones formales. Es decir: no hay una acusación formal en Estados Unidos, pero sí interés de sus agencias de seguridad.
Y ahí aparece la verdadera dimensión política.
Durante años, la narrativa de la 4T convirtió a la prensa crítica en una especie de enemigo interno. Cuando un medio investigaba contratos, negocios familiares o posibles redes de corrupción, la respuesta era conocida: conservadores, adversarios, golpistas, campañas de desprestigio. El problema es que las preguntas no desaparecen porque el gobierno las descalifique. Y ahora algunas de esas preguntas ya no vienen únicamente de periodistas mexicanos.
Estados Unidos sancionó además a 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y personas relacionadas con Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”. El Departamento del Tesoro advirtió que tampoco están fuera de su alcance funcionarios corruptos y facilitadores financieros.
La pinza, por tanto, no se cierra porque exista ya una causa penal contra Andy u Olán. Se cierra porque cada vez hay más información, más fuentes y más jurisdicciones mirando hacia un mismo ecosistema de poder.
Y ahí está el problema para Morena.
La 4T llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, combatir la corrupción y separar el poder político del económico. Por eso, cuando los nombres que aparecen en investigaciones periodísticas pertenecen al entorno presidencial, la exigencia de transparencia debería ser mayor, no menor.
La paradoja es casi perfecta: el movimiento que convirtió a la prensa crítica en uno de sus principales enemigos empieza a enfrentar el momento en que esa misma prensa puede convertirse en el archivo de su propia historia. Lo que ayer podía descartarse como “golpeteo”, mañana puede convertirse en expediente. O puede no convertirse en nada. Precisamente por eso corresponde a las autoridades investigar y demostrar, no proteger ni condenar anticipadamente.
Sheinbaum ha insistido en que no habrá impunidad y que cualquiera debe responder si existen pruebas. Ésa es la vara con la que debe medirse ahora el caso.
Porque poco a poco se acerca el momento en que la 4T tendrá que saldar cuentas no con sus adversarios, sino con sus propios discursos.
Y quizá ésa sea la parte más incómoda: cuando un gobierno llega prometiendo limpiar la casa, tarde o temprano alguien termina preguntando quién dejó las llaves, quién entró, qué se llevó y, sobre todo, por qué nadie revisó la caja fuerte cuando todavía estaba abierta.
@JErnestoMadrid
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