Fotografía: Redacción CIgdl
El caso que involucra al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, suma un nuevo elemento que ha generado cuestionamientos sobre la coordinación entre las instituciones federales: mientras la Secretaría de Marina lo reporta “en activo” como asesor del alto mando naval, con una remuneración cercana a los 150 mil pesos mensuales, la Fiscalía General de la República informó que no logró localizarlo para que compareciera en una investigación relacionada con sus sobrinos políticos.
La propia Semar confirmó, mediante una solicitud de transparencia, que Ojeda Durán continúa desempeñándose como asesor del actual titular de la dependencia, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. Aunque el cargo de asesor es considerado honorario, la institución señala que mantiene su percepción económica correspondiente a su grado de almirante.
El dato resulta particularmente relevante en medio del proceso judicial contra los exmarinos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos de Ojeda Durán, señalados por la FGR por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal. Fernando Farías fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
El pasado 28 de agosto, Ojeda Durán fue requerido como testigo durante la audiencia relacionada con el caso. Sin embargo, de acuerdo con lo declarado por el abogado de Farías Laguna, la FGR informó a la jueza que no había podido localizar al exsecretario para notificarle el citatorio.
El contraste deja una interrogante de interés público: ¿cómo puede una institución mantener registrado como asesor activo a un exsecretario y, al mismo tiempo, la Fiscalía reportar dificultades para ubicarlo cuando es requerido dentro de una investigación judicial? La diferencia entre ambos registros no demuestra por sí misma alguna irregularidad, pero sí plantea dudas sobre los mecanismos de coordinación y localización entre dependencias federales.
Hasta el momento, la información disponible no establece que Ojeda Durán sea acusado de algún delito dentro del proceso contra los hermanos Farías Laguna. Su participación referida en esta etapa corresponde a una eventual comparecencia como testigo, mientras las autoridades continúan con las investigaciones sobre la presunta red de contrabando de combustibles.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación de las instituciones encargadas de investigar una trama que involucra a integrantes y exintegrantes de la Marina, particularmente cuando existen versiones oficiales que no parecen coincidir sobre la situación y ubicación del exsecretario.
