Fotografía: Redacción CIgdl –
Guadalajara, Jalisco.— La educación mexicana no necesita discursos triunfalistas ni funcionarios que confundan la propaganda política con una política de Estado. Necesita resultados. Y los resultados de la llamada Nueva Escuela Mexicana, impulsada por la Cuarta Transformación y administrada actualmente por Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública, obligan a levantar una pregunta incómoda: ¿quién está asumiendo la responsabilidad por el rezago que se está dejando a millones de estudiantes?
Los resultados de PISA 2025 son un golpe directo a la narrativa oficial. México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. En matemáticas, apenas tres de cada diez estudiantes alcanzaron las competencias básicas. El porcentaje de alumnos con aprendizajes básicos cayó del 44 por ciento en 2018 al 30 por ciento en 2025.
No se trata de una simple estadística. Detrás de cada punto perdido hay estudiantes que tendrán mayores dificultades para ingresar a la universidad, conseguir un empleo digno, comprender información, resolver problemas y competir en un mundo que exige cada vez más conocimientos. Cuando un sistema educativo deja de enseñar lo indispensable, el daño no es administrativo: es social, económico y generacional.
La Nueva Escuela Mexicana fue presentada como una transformación profunda, humanista e incluyente. Sin embargo, una reforma educativa no puede evaluarse por el nombre que le asigna el gobierno, sino por lo que aprenden los niños y jóvenes dentro de las aulas. Si los resultados empeoran, la autoridad tiene la obligación de explicar qué falló, corregir el rumbo y rendir cuentas, no esconderse detrás de consignas.
La desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, los cambios en los planes y libros de texto, el nuevo esquema de becas y la relación entre la carrera docente y las organizaciones sindicales han sido señalados como decisiones que requieren una revisión seria. No basta con afirmar que se está transformando la educación: hay que demostrar que esa transformación no está sacrificando los aprendizajes fundamentales.
El problema central, sin embargo, está en la SEP. México no puede darse el lujo de tener una secretaría educativa dirigida con la lógica de la operación electoral, donde el éxito se mida por la lealtad política y no por la calidad de los aprendizajes.
La educación no es una plataforma para construir carreras partidistas. No es un espacio para repartir reconocimientos ni para maquillar cifras. Es la institución que define, en buena medida, qué tan preparado estará un país para enfrentar su futuro.
Mientras el gobierno presume una transformación histórica, las familias enfrentan escuelas con carencias, docentes sometidos a cambios constantes, estudiantes con deficiencias acumuladas y comunidades donde aprender sigue siendo un privilegio condicionado por el lugar de nacimiento y la situación económica.
Y aquí aparece una contradicción que merece ser discutida: mientras se impulsa un modelo educativo público cuyos resultados generan preocupación, también se cuestiona la congruencia de que funcionarios de alto nivel opten para sus hijos por instituciones privadas de prestigio. No hay nada ilegal en elegir una escuela particular; lo cuestionable es exigirle a millones de familias que confíen ciegamente en un sistema que las autoridades no necesariamente eligen para sus propios hijos.
La comparación con administraciones anteriores tampoco debe utilizarse como una cortina de humo. Aurelio Nuño, al presentar los resultados de PISA 2015, reconoció que México estaba por debajo del promedio de la OCDE y que nadie podía sentirse satisfecho. Hoy, casi una década después, el gobierno de la 4T no puede atribuir todos los problemas al pasado: ya tuvo tiempo suficiente para mostrar avances y debe responder por sus propias decisiones.
La Nueva Escuela Mexicana no puede convertirse en una coartada para justificar el retroceso. Si el modelo no está funcionando, debe modificarse. Si los libros de texto tienen deficiencias, deben corregirse. Si los programas no están dando resultados, deben evaluarse. Y si la formación docente requiere fortalecerse, debe hacerse con seriedad, recursos y criterios académicos, no con improvisación.
México necesita una política educativa que recupere la lectura, las matemáticas, las ciencias, el pensamiento crítico y la preparación para el trabajo. Necesita escuelas de tiempo completo donde hagan falta, infraestructura digna, maestros respaldados y evaluaciones que permitan saber qué aprenden realmente los estudiantes.
Lo criminal sería acostumbrarse al fracaso. Lo criminal, en términos de responsabilidad pública, sería mirar cómo se deterioran las oportunidades de una generación y responder con propaganda. La niñez mexicana no puede ser el laboratorio de una reforma que se niega a reconocer sus resultados.
Mario Delgado tiene una obligación que va mucho más allá de defender a la 4T: explicar por qué el sistema educativo está retrocediendo en áreas esenciales y qué hará para revertirlo. Porque la lealtad política puede sostener a un funcionario en el cargo, pero no puede recuperar los años de aprendizaje que un estudiante pierde.
La educación mexicana no necesita más promesas de transformación. Necesita resultados, responsabilidad y una autoridad que entienda que el futuro de millones no es un experimento político.
