Fotografía: Redacción CIgdl.
• Contratos multimillonarios, auditorías reservadas, consorcios ligados a exfuncionarios y empresas bajo sospecha revelan que la petrolera del Estado sigue operando bajo esquemas de opacidad que la Cuarta Transformación prometió erradicar. La diferencia ya no es el discurso: es quién administra el mismo modelo.
La promesa de la Cuarta Transformación fue terminar con el modelo de corrupción y privilegios que, durante décadas, convirtió a Petróleos Mexicanos (Pemex) en un botín político. Sin embargo, una serie de investigaciones periodísticas publicadas por EL UNIVERSAL, EL CEO y documentos oficiales de transparencia muestran que, lejos de romper con ese pasado, la petrolera mantiene prácticas de opacidad, concentración de contratos y redes empresariales que recuerdan al esquema que el propio oficialismo bautizó como “neoliberal”.
La primera señal llegó desde el propio órgano de transparencia de Pemex. Días antes de dejar la Dirección General, Víctor Rodríguez Padilla promovió que el Comité de Transparencia clasificara durante tres años los resultados de auditorías practicadas a filiales, áreas tecnológicas y procesos internos.
De acuerdo con el oficio CT-PM-560-2026, citado por EL UNIVERSAL, decenas de páginas fueron totalmente testadas bajo el argumento de proteger información estratégica y comercial, impidiendo conocer posibles irregularidades detectadas dentro de la empresa. La reserva alcanza precisamente uno de los momentos de mayor escrutinio sobre la administración de Pemex.
Al mismo tiempo, la petrolera adjudicó de manera directa un contrato de 4 mil 838 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos especializados destinados al combate al robo de hidrocarburos a un consorcio integrado por Arrendo Serv e Impulsa tu Ganancia, empresas que, según la Plataforma Nacional de Transparencia, han acumulado cerca de 100 contratos públicos en los últimos ocho años con Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, gobiernos estatales, municipios y alcaldías, por más de 12 mil 500 millones de pesos.
La contratación ya fue denunciada ante la Secretaría Anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Fiscalía General de la República por presuntos conflictos de interés y posible simulación de competencia.
Pero las interrogantes no terminan ahí. Una investigación del portal EL CEO reveló que el contrato mixto para explotar el campo San Ramón, en aguas del Golfo de México, fue adjudicado a un consorcio encabezado por Noble Energy México, acompañado por empresas cuyos antecedentes incluyen vínculos con exfuncionarios de Pemex, sociedades relacionadas con empresas factureras, estructuras corporativas offshore e incluso redes utilizadas anteriormente para triangular recursos provenientes de contratos de la petrolera.
El reportaje documenta cómo algunas de estas compañías modificaron súbitamente su estructura de capital, cambiaron de objeto social y recibieron financiamiento mediante empresas constituidas en paraísos fiscales. Incluso identifica conexiones con sociedades sancionadas por el SAT por simular operaciones. El patrón descrito recuerda los mecanismos de intermediación y dispersión de recursos que durante años fueron denunciados como parte del saqueo histórico de la empresa estatal.
Paradójicamente, mientras el discurso oficial insiste en recuperar la soberanía energética, Pemex también volvió a concentrar el mercado nacional de combustibles.
Datos de la Secretaría de Energía muestran que en mayo la empresa realizó 78.2% de todas las importaciones de gasolinas y diésel, su mayor participación desde 2019. Analistas atribuyen este crecimiento a subsidios, ventajas logísticas y condiciones comerciales que han desplazado a competidores privados más que a una mejora estructural en eficiencia.
La concentración fortalece el control estatal del mercado, pero también incrementa los riesgos cuando la transparencia y los mecanismos de supervisión permanecen limitados. A ello se suma otro elemento que alimenta las dudas sobre la continuidad de viejas prácticas.
Tras dejar la dirección de Pemex para encabezar el Infonavit, Octavio Romero Oropeza aparece nuevamente en el centro de la discusión luego de que EL CEO documentara que un exasesor de su oficina obtuvo un contrato cercano a mil millones de pesos para construir viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, pese a que la empresa beneficiada no contaba con experiencia comprobable en el sector. El caso fortalece la percepción de que las redes de confianza política sobreviven incluso cuando cambian de institución.
Los hechos documentados por diversas investigaciones no constituyen por sí mismos una responsabilidad penal para todos los involucrados y corresponderá a las autoridades determinar cualquier posible conducta ilícita. Sin embargo, en conjunto revelan un patrón preocupante: auditorías reservadas, adjudicaciones multimillonarias cuestionadas, concentración de contratos, reciclaje de operadores y consorcios con antecedentes polémicos. La mayor contradicción es política.
Durante años, Morena construyó buena parte de su legitimidad denunciando que el “periodo neoliberal” convirtió a Pemex en una caja de negocios privados y tráfico de influencias. Hoy, las investigaciones periodísticas muestran que la petrolera continúa siendo un espacio donde convergen poder político, contratos públicos y estructuras empresariales favorecidas. La diferencia ya no parece estar en el modelo, sino en quién administra la maquinaria.
Porque mientras el discurso habla de transformación, los expedientes siguen describiendo una constante conocida: Pemex continúa siendo el botín más codiciado del poder sin olvidar el huachicol fiscal donde los integrantes de Morena señalado en el desvió, permanecen en la impunidad.
@JErnestoMadrid
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