Fotografía: Redaccion CIgdl.
• Mientras la FGR acelera procesos contra el exgobernador Ernesto Ruffo por una red estimada en más de 4 mil millones de pesos, los expedientes, investigaciones periodísticas y señalamientos sobre presuntos vínculos de figuras de Morena con el quebranto histórico del huachicol fiscal —calculado en 600 mil millones de pesos— permanecen sin responsables políticos ni penales de alto nivel.
El aseguramiento de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas, uno de los mayores decomisos recientes realizados por el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y Pemex, volvió a exhibir la dimensión del mercado ilegal de combustibles. Sin embargo, también reabrió una pregunta que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha evitado responder: ¿por qué la justicia avanza con rapidez cuando los acusados pertenecen a la oposición, pero se ralentiza cuando los señalamientos alcanzan a personajes del propio movimiento?
La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este viernes que el caso de Ernesto Ruffo Appel no se limita a la empresa Ingemar, sino que “hay muchos otros relacionados” y que la investigación abarca una red de empresas dedicadas al almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de combustibles.
La FGR sostiene que la organización vinculada con Ruffo habría generado un daño cercano a 4 mil 456 millones de pesos mediante operaciones de contrabando y huachicol fiscal. El exgobernador panista ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y contrabando.
Pero ese expediente representa apenas una fracción del problema.
La propia Procuraduría Fiscal de la Federación ha estimado que el huachicol fiscal provocó un quebranto cercano a 600 mil millones de pesos entre 2018 y 2024, un monto que difícilmente puede explicarse por una sola empresa o un solo grupo empresarial. Su operación requirió puertos, aduanas, agentes aduanales, permisos de importación, redes financieras, distribución comercial y protección institucional.
Ahí aparece la mayor contradicción.
Diversas investigaciones periodísticas, expedientes de inteligencia y reportes públicos han señalado presuntos vínculos entre la red del llamado “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona Angulo, y campañas políticas de Morena; también han documentado transferencias gubernamentales a empresas posteriormente señaladas por autoridades estadounidenses por presunto lavado de dinero relacionado con el contrabando de combustibles.
Entre los nombres que han aparecido en investigaciones públicas figuran Mario Delgado, por sus presuntos vínculos políticos con la estructura de Carmona; el senador Adán Augusto López, por los señalamientos contra su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, identificado por autoridades como presunto líder de “La Barredora”; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, por investigaciones que relacionan el financiamiento político en esa entidad con recursos del contrabando de combustibles; así como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuyo gobierno realizó operaciones con una empresa posteriormente sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
A ello se suman investigaciones y reportes periodísticos que han mencionado al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y a Andrés “Andy” López Beltrán en el debate público sobre las redes del huachicol fiscal. Ninguno de ellos ha sido procesado por estos hechos y todos conservan la presunción de inocencia.
La diferencia es evidente: mientras el caso Ruffo avanzó hasta la prisión preventiva y la vinculación a proceso, los expedientes relacionados con personajes cercanos al poder permanecen en el terreno de las investigaciones, los reportes de inteligencia o las denuncias públicas.
Paradójicamente, el endurecimiento de las investigaciones no proviene únicamente de México. En las últimas semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones contra empresas y operadores financieros ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluidas redes relacionadas con el huachicol fiscal, mientras la OFAC y otras agencias estadounidenses continúan identificando empresas fachada, operadores financieros y estructuras de lavado de dinero.
Los decomisos continúan creciendo. Las investigaciones también. Sin embargo, las responsabilidades políticas siguen siendo selectivas. La narrativa gubernamental sostiene que el combate a la corrupción es igual para todos. Los expedientes abiertos muestran otra realidad: la justicia avanza con velocidad cuando los acusados están fuera del movimiento gobernante, pero pierde impulso cuando los señalamientos alcanzan a quienes forman parte del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.
Y esa diferencia amenaza con convertirse en el mayor costo político de un gobierno que llegó al poder prometiendo que “no habría intocables”, pero que enfrenta cada vez más cuestionamientos sobre si la ley se aplica con el mismo rigor para todos o únicamente para quienes no pertenecen al oficialismo.
@JErnestoMadrid
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