Fotografía: Redacción CIgdl
• El gobierno federal descarta investigar a Marina del Pilar y minimiza los audios en los que ofrece compartir lo escuchado en las mesas de seguridad, una postura que contrasta con las acusaciones de “traición a la patria” lanzadas meses antes contra una gobernadora de oposición por colaborar con agencias estadounidenses.
La Cuarta Transformación volvió a exhibir uno de los rasgos que con mayor frecuencia marcan su actuación política: un mismo hecho puede ser interpretado como una amenaza a la soberanía nacional o como un episodio sin relevancia, dependiendo de quién ocupe el cargo público.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, salieron este jueves en defensa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de audios revelados por el periodista Héctor de Mauleón, en los que la mandataria expresa su disposición a “hablar de todo lo que yo pueda saber”, “apoyar”, “cooperar” e incluso compartir “lo que he escuchado en las mesas de seguridad” con personas que, según ella misma reconoció posteriormente, se presentaron como intermediarios de agencias estadounidenses, aunque sin acreditar formalmente esa representación.
La respuesta del gobierno federal fue inmediata y en un solo sentido: no abrir una investigación y reducir el alcance del contenido de las grabaciones. Sheinbaum sostuvo que no puede afirmarse siquiera que la conversación fuera con autoridades estadounidenses porque “no se sabe ni siquiera con quién está hablando”. García Harfuch, por su parte, afirmó que en las mesas estatales de seguridad “no se comparte información con un grado de sensibilidad” cuya eventual difusión representara un riesgo, por lo que, dijo, de los audios “no se infiere que se vaya a dar información confidencial”.
Sin embargo, esa explicación encuentra un contrapunto en la descripción realizada por Héctor de Mauleón, quien recordó que en esas reuniones participan autoridades civiles y militares; se revisan objetivos prioritarios, mapas criminales, reportes del C5, informes de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, información operativa y evaluaciones sobre los principales riesgos de seguridad en cada entidad. Es decir, la discusión pública ya no gira únicamente alrededor de la autenticidad de los audios —que la propia gobernadora reconoció como fragmentos de una conversación privada—, sino sobre el valor de la información que se analiza en esos encuentros.
Pero la mayor contradicción no está en el contenido técnico de las mesas de seguridad, sino en la narrativa política del propio gobierno. Meses atrás, Morena y la presidenta Sheinbaum endurecieron el discurso contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, tras conocerse la colaboración de agencias estadounidenses como la DEA y el FBI en operativos desarrollados en esa entidad. Dirigentes del partido oficialista hablaron de una presunta violación a la soberanía nacional; legisladores anunciaron denuncias penales, promovieron protestas y utilizaron incluso el concepto de “traición a la patria” para descalificar políticamente a la mandataria estatal.
Hoy, frente a una gobernadora emanada de Morena que reconoce haber sostenido conversaciones con supuestos intermediarios estadounidenses y cuya voz aparece ofreciendo compartir información derivada de las mesas de seguridad, el estándar cambió radicalmente. Ya no hay llamados a investigaciones, denuncias penales ni exigencias de responsabilidades. La explicación oficial consiste en afirmar que no se conoce con quién hablaba y que, en cualquier caso, las mesas de seguridad no contienen información suficientemente sensible.
Ese contraste coloca al gobierno frente a una pregunta incómoda: si la colaboración o el intercambio de información con autoridades o representantes extranjeros fue presentada como una amenaza a la soberanía cuando involucraba a una gobernadora de oposición, ¿por qué ahora el mismo principio deja de aplicarse cuando la protagonista pertenece al partido gobernante? La diferencia no parece encontrarse en los hechos conocidos hasta ahora, sino en la identidad política de quien los protagoniza.
La discusión de fondo tampoco consiste en anticipar responsabilidades penales, pues esa tarea corresponde exclusivamente a las autoridades competentes mediante una investigación objetiva. Lo que sí resulta verificable es el distinto tratamiento político otorgado por el oficialismo ante situaciones comparables: para los adversarios, la presunción de culpabilidad y la condena pública; para los propios, el beneficio de la duda, la minimización de los hechos y la defensa institucional.
En un gobierno que ha construido buena parte de su legitimidad sobre el discurso de la igualdad ante la ley y el combate a los privilegios, esa diferencia de criterios termina por erosionar uno de sus principales activos: la credibilidad. Porque la soberanía nacional difícilmente puede sostenerse como un principio constitucional cuando su interpretación cambia al ritmo de la militancia política.
@JErnestoMadrid
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