Fotografía: Redacción CIgdl.
• Mientras un informe internacional advierte que la guerra interna del Cártel de Sinaloa no ha frenado el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y que la violencia sólo cambió de forma, el discurso del gobierno federal oscila entre cuestionar a las agencias estadounidenses y respaldarse en ellas cuando sus declaraciones favorecen a funcionarios del oficialismo.
La violencia en Sinaloa ya no ocupa diariamente los titulares como hace unos meses, pero tampoco ha desaparecido. Simplemente cambió de rostro. Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe del International Crisis Group (ICG), que sostiene que la disputa entre Los Mayos y Los Chapitos no sólo continúa, sino que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos se mantiene prácticamente intacto, pese al despliegue de miles de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y fuerzas federales.
El diagnóstico internacional contrasta con el debate político que hoy domina la agenda: ya no gira únicamente en torno a la violencia, sino alrededor de las versiones encontradas sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y las consecuencias políticas que ese episodio sigue generando. En apenas unos días, el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a cambiar de énfasis.
La semana pasada sostuvo que la captura de “El Mayo” por parte de autoridades estadounidenses, sin informar previamente al gobierno mexicano, fue un ejemplo de cómo una acción unilateral puede detonar mayor violencia. Bajo esa lógica, insistió en que la coordinación entre ambos países debe prevalecer sobre cualquier operación que vulnere la soberanía nacional.
Sin embargo, este lunes, calificó como “muy interesantes” las declaraciones del exembajador Ken Salazar, retomando precisamente la parte de la entrevista en la que el diplomático aseguró que durante su gestión nunca tuvo indicios de vínculos entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la delincuencia organizada, ni elementos para afirmar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador protegiera al crimen.
La escena deja una imagen difícil de ignorar: el mismo exembajador cuya actuación fue cuestionada por el gobierno mexicano tras la captura de “El Mayo” se convierte ahora en una fuente válida cuando sus declaraciones resultan favorables para funcionarios del movimiento gobernante. No se trata únicamente de un cambio de tono, sino del criterio con el que el Ejecutivo valora la información proveniente de Washington. Porque mientras se desacreditan las acciones unilaterales de las agencias estadounidenses y se exige respeto a la soberanía nacional, las declaraciones de esos mismos funcionarios son retomadas cuando ayudan a desactivar cuestionamientos políticos internos.
La contradicción adquiere mayor relevancia porque el informe del International Crisis Group llega a una conclusión distinta al discurso oficial: la captura de “El Mayo” modificó el mapa de la violencia, pero no debilitó la capacidad operativa del Cártel de Sinaloa ni interrumpió el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Los enfrentamientos disminuyeron en las zonas urbanas más visibles, pero se desplazaron hacia regiones rurales donde continúan los asesinatos selectivos, el control territorial y las disputas criminales.
En paralelo, la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más complejos. Mientras el gobierno mexicano anunció denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales durante operativos migratorios y llamó a todos los partidos políticos a cerrar filas en defensa de los derechos de los mexicanos en territorio estadounidense, la cooperación en materia de inteligencia financiera y combate al lavado de dinero sigue activa entre ambos países. Es decir, México cuestiona públicamente algunas decisiones de Washington, pero al mismo tiempo mantiene una estrecha coordinación en áreas estratégicas de seguridad.
Ese doble discurso no es nuevo, pero se vuelve más evidente conforme aumentan los episodios que involucran a figuras del oficialismo. Las investigaciones abiertas en Estados Unidos, la difusión de audios atribuidos a personajes políticos, las sanciones migratorias y otros hechos públicos han colocado bajo presión a diversos actores de Morena. Frente a ello, la respuesta institucional ha sido consistente: exigir pruebas concluyentes antes de asumir responsabilidades y rechazar cualquier señalamiento que no provenga de una autoridad judicial.
Ese principio es jurídicamente correcto. Sin embargo, políticamente convive con otra realidad: cuando las declaraciones de funcionarios estadounidenses benefician al gobierno, son citadas como elementos relevantes; cuando lo cuestionan, se apela a la soberanía y a la necesidad de actuar exclusivamente mediante los canales de coordinación bilateral. Las acciones, al final, suelen comunicar más que los discursos.
Y mientras el debate político se concentra en quién tenía razón sobre la captura de “El Mayo”, el informe del International Crisis Group recuerda que el problema de fondo sigue intacto: el Cártel de Sinaloa continúa enviando fentanilo a Estados Unidos, la violencia no desapareció, sólo cambió de escenario, y el principal desafío para el Estado mexicano sigue siendo demostrar que su estrategia de seguridad puede ofrecer resultados más allá de las declaraciones políticas.
@JErnestoMadrid
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