Fotografía:Redacción CIgdl.
• Mientras Morena impulsa juicio político contra la gobernadora de Chihuahua por colaborar contra el narcotráfico, el gobierno federal guarda silencio ante las acusaciones y el resguardo del gobernador de Sinaloa señalado por Estados Unidos.
Las llamadas desde Washington no se detienen. Desde la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Pentágono, la CIA y la DEA, el mensaje se repite con creciente dureza: Estados Unidos sostiene que existen vínculos entre políticos mexicanos y los cárteles de la droga y exige acciones contundentes contra esas redes.
El señalamiento no es menor. Proviene de la estructura completa de seguridad del gobierno estadounidense y ha sido reforzado por declaraciones del propio presidente Donald Trump, quien ha advertido que, si México no enfrenta con mayor contundencia a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo, Washington podría actuar por su cuenta.
Mientras tanto, desde Palacio Nacional la narrativa es completamente distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que no existe ninguna crisis diplomática con Estados Unidos y que las acusaciones carecen de sustento. En ese contexto ha defendido públicamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en investigaciones judiciales en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Sheinbaum sostiene que durante la elección de 2021 —en la que Rocha Moya resultó ganador— no se presentaron denuncias formales sobre intervención del crimen organizado. Sin embargo, esa afirmación ha sido cuestionada por distintos reportes que señalan que sí existieron advertencias desde entonces sobre la presencia del Cártel de Sinaloa en el proceso electoral.
Las acusaciones tomaron mayor fuerza cuando Ismael Zambada García, líder histórico del mismo cártel, mencionó al gobernador en una carta pública enviada desde prisión en 2024, donde lo señaló como cómplice y traidor. Pese a la gravedad de la imputación, la Fiscalía General de la República nunca abrió una investigación formal. La razón, según versiones periodísticas, habría sido una instrucción política del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habría ordenado cerrar cualquier indagatoria sobre el caso.
La tensión aumentó cuando el director de la Drug Enforcement Administration, Terrance Cole, declaró ante el Senado estadounidense que: “Los narcotraficantes y los funcionarios de alto rango en México han estado en la cama por años”. Cole añadió una advertencia inquietante: las investigaciones apenas comienzan y vendrán nuevas acciones contra redes criminales protegidas políticamente en México.
El nombre de Rocha Moya aparece en el centro de esas investigaciones. Pero mientras Washington intensifica la presión, el gobierno mexicano responde con negación. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha asegurado que en México no existe ninguna investigación abierta contra el gobernador sinaloense y que Estados Unidos no ha presentado pruebas formales.
Sin embargo, reportes publicados por Proceso describen un escenario muy distinto: vigilancia aérea permanente sobre el Palacio de Gobierno en Culiacán, con helicópteros tipo Little Bird y varios drones monitoreando la zona, en un despliegue que refleja el nivel de presión internacional sobre el poder estatal.
La contradicción se vuelve aún más evidente en otro frente. Mientras el oficialismo protege a Rocha Moya, Morena impulsa un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusándola de violar la soberanía nacional por colaborar con agencias estadounidenses en investigaciones contra el narcotráfico. La paradoja es evidente. Una gobernadora que ha permitido operativos contra laboratorios de droga enfrenta un intento de destitución política, mientras un gobernador señalado en investigaciones judiciales estadounidenses permanece blindado por el silencio institucional.
Maru Campos respondió con una frase que resume el conflicto: “No es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen, que ser un gobierno con acusaciones de vínculos con el narcotráfico”.
El contraste se vuelve aún más profundo cuando se observa la estrategia federal frente a la violencia. En Chilapa, el gobierno mexicano reconoció que funcionarios de la Secretaría de Gobernación mantuvieron contacto directo con líderes criminales para negociar una tregua entre Los Ardillos y Los Tlacos en particular César Yaañez el eterno leal a López Obrador que lo acompaño en miles de giras por el país para hacer campaña.
Es decir, mientras el discurso oficial acusa “intervencionismo extranjero” cuando una gobernadora coopera con agencias internacionales, el propio gobierno admite dialogar con organizaciones criminales para pacificar regiones controladas por cárteles.
Durante años, el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación prometió romper los pactos históricos entre el poder político y el crimen organizado. Pero hoy, el escenario que se dibuja parece ir en dirección contraria. Washington habla abiertamente de narcopolítica. México responde con negación diplomática.
Morena exige soberanía nacional cuando se trata de colaboración internacional, pero guarda silencio ante acusaciones contra sus propios gobernadores. Y mientras el discurso oficial habla de transformación, los hechos parecen mostrar algo mucho más inquietante: un poder político que, cada vez con menos disimulo, parece haber aprendido a convivir con el crimen organizado en lugar de enfrentarlo.
@JErnestoMadrid
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