Fotografía: Enríquez
Guadalajara, Jalisco.— Adriana Gabriela Arreola Dueñas y Daniela Álvarez Zepeda, quienes fueron detenidas durante la manifestación por el derecho al agua realizada el pasado 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, denunciaron presuntas agresiones físicas, humillaciones y amenazas durante su detención. Además, solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones para evitar que continúen bajo la responsabilidad de las autoridades estatales.
Durante una conferencia de prensa, acompañadas por el abogado y catedrático de la Universidad de Guadalajara, José Francisco Salazar González, ambas mujeres relataron las condiciones en las que aseguran haber permanecido retenidas, tanto en un inmueble cercano a Casa Jalisco como posteriormente en las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicadas en la calle 14.
Salazar González sostuvo que durante el operativo se vulneraron derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, reunión pacífica, integridad personal y acceso a la justicia. Por ello, informó que ya se presentaron denuncias ante la FGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El abogado también señaló presuntas irregularidades en las carpetas de investigación, al asegurar que las copias certificadas entregadas a las víctimas contienen actuaciones distintas a las que originalmente firmaron. Según su versión, las mujeres habían asentado que no tuvieron acceso a una llamada telefónica ni a una adecuada asesoría jurídica, circunstancias que, afirmó, no aparecen en los documentos recibidos.
Por estos hechos, anunció que solicitará formalmente que la FGR ejerza su facultad de atracción y concentre la investigación, con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades de funcionarios y mandos de seguridad.
Denuncian golpes, amenazas y humillaciones
Adriana Gabriela Arreola, directora jurídica del Colectivo Acceso a la Salud, Justicia y Educación, aseguró que acudió a la protesta acompañada de su familia para manifestarse pacíficamente en defensa del derecho al agua.
Relató que intervino cuando observó que policías golpeaban a otras manifestantes, situación tras la cual, afirmó, fue sometida por varias agentes, quienes la insultaron y agredieron físicamente.
La mujer denunció que fue trasladada a un cuarto cercano a Casa Jalisco, donde presuntamente permaneció en el suelo, con las manos sujetas por detrás con su propia mascada. También aseguró que sufrió golpes, que le bajaron el pantalón y que le impidieron incorporarse y cubrirse.
De acuerdo con su testimonio, otras personas detenidas presentaban heridas y sangrado, mientras que algunas habrían recibido amenazas de desaparición. Afirmó, además, que su hija, de 19 años, también fue detenida durante el operativo.
Arreola manifestó que continúa con temor por su integridad, particularmente después de que, según relató, observó vehículos afuera de su domicilio y posteriormente elementos de la Policía Investigadora acudieron a su casa.
La abogada cuestionó la actuación de las autoridades estatales y aseguró que no confía en la investigación de la Fiscalía de Jalisco, por lo que decidió acudir a instancias federales.
Médica denuncia incomunicación y presuntas agresiones
Por su parte, Daniela Álvarez Zepeda, médica con estudios de posgrado en microbiología médica, afirmó que acudió a la manifestación debido a los problemas de calidad del agua que, aseguró, enfrenta en su domicilio.
Narró que fue sometida por varios hombres después de quedar frente a los bomberos que utilizaban mangueras durante el operativo. Según su versión, la sujetaron de las extremidades y del cabello, mientras recibía insultos y amenazas.
Álvarez Zepeda sostuvo que fue llevada a un espacio que describió como una pequeña cocina o cuarto ubicado en un pasillo cercano a Casa Jalisco. Ahí, aseguró, permaneció junto con otras personas detenidas, algunas de ellas con lesiones visibles.
La médica denunció que le quitaron su teléfono celular, que no le permitieron comunicarse libremente con su familia y que durante varias horas desconoció su situación jurídica. También señaló que las personas retenidas fueron trasladadas en un camión negro sin identificación hacia las instalaciones de la Fiscalía estatal.
Entre las presuntas irregularidades que relató mencionó la falta de acceso oportuno a un abogado, las condiciones en las que recibieron atención médica y la elaboración de documentos que, afirmó, no reflejaban fielmente lo ocurrido.
Como consecuencia de las agresiones, dijo haber sufrido un esguince cervical, moretones y una zona de pérdida de cabello por tracción, además de afectaciones emocionales que le han provocado problemas para dormir y temor a posibles represalias.
La joven indicó que recibió un citatorio de la Visitaduría de la Fiscalía estatal para el próximo 3 de noviembre, aunque aseguró desconocer con precisión su situación jurídica y el motivo del procedimiento.
Cuestionan actuación de organismos de derechos humanos
Durante la conferencia, ambas mujeres cuestionaron la intervención de personal de derechos humanos que, según sus testimonios, estuvo presente durante parte de los hechos, pero no intervino para detener las presuntas agresiones.
Álvarez Zepeda consideró que las posibles responsabilidades no deben limitarse a agentes operativos, sino que también deben investigarse las actuaciones y omisiones de los mandos responsables.
Asimismo, pidió revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos y determinar si existieron responsabilidades en distintos niveles de autoridad.
El abogado José Francisco Salazar González agregó que solicitarán que se investigue quién coordinaba las acciones al interior del inmueble donde, según las víctimas, fueron retenidas y agredidas.
Las denunciantes insistieron en que su participación en la protesta tuvo como objetivo exigir agua de calidad y defender un derecho fundamental, por lo que demandaron una investigación imparcial, sanciones para quienes resulten responsables y garantías de protección para ellas y sus familias.
Las acusaciones presentadas durante la conferencia corresponden a los testimonios de las denunciantes y a los señalamientos de su representante legal. El esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades corresponden a las autoridades competentes.
