Fotografía: Redacción CIgdl.
La exdiputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras González, presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para solicitar que se investigue a la titular del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), por presuntas irregularidades administrativas que habrían impedido acceder a tres millones de pesos destinados al programa Pulso de Vida.
De acuerdo con la denuncia, la falta de renovación de la firma electrónica (e.firma) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habría sido uno de los factores que impidieron obtener los recursos estatales disponibles desde el 28 de abril de 2026.
Contreras González señaló que el dinero estaba destinado a fortalecer las acciones de protección y atención para mujeres, adolescentes y niñas que enfrentan situaciones de violencia, tanto en espacios públicos como en el transporte del Área Metropolitana de Guadalajara.
La exlegisladora consideró que la situación debe esclarecerse, al tratarse de recursos públicos dirigidos a la seguridad de las mujeres, y sostuvo que el cumplimiento de los requisitos administrativos debió preverse y supervisarse oportunamente.
Como parte de su petición, solicitó al órgano de control determinar cuándo venció la e.firma, quién era responsable de renovarla y qué comunicaciones internas se realizaron para atender el trámite. También pidió revisar las actas de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres, así como las bitácoras y los avisos relacionados con la vigencia de la firma electrónica.
La denuncia busca establecer si la presunta omisión administrativa fue la causa de que Tlaquepaque no obtuviera el financiamiento o si existieron otros factores que influyeron en la falta de aprobación de los recursos.
Hasta que concluyan las investigaciones, las posibles responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes. El caso pone bajo revisión los procedimientos administrativos del Instituto Municipal de las Mujeres y el manejo de los recursos previstos para fortalecer la atención y protección de las víctimas de violencia.
