• En la ONU, Trump acusó a México de ser “epicentro” de la violencia de los cárteles y exigió recuperar el control territorial; México Evalúa reconoce una fuerte baja del homicidio, pero advierte que persisten 33.8 millones de delitos, una cifra oculta de 93.4% y focos críticos de violencia.
Donald Trump elevó este martes el tono contra México desde la tribuna de Naciones Unidas. Aunque aseguró tener una “muy buena relación” con el gobierno de Claudia Sheinbaum y reconoció avances en la cooperación contra el narcotráfico, calificó a México como el “epicentro de la violencia de los cárteles” y dijo que es “inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas con un territorio que, según su descripción, está controlado por organizaciones criminales. Exigió que México “recupere el control” de su territorio.
Pero Trump fue más allá. Advirtió que Estados Unidos utilizará su poderío militar para proteger sus intereses nacionales si considera que existen amenazas en el continente y volvió a describir a los cárteles como organizaciones terroristas. Sus palabras llegan después de que, apenas la semana pasada, Washington exigiera a México exponer, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos que hayan ayudado o encubierto a los cárteles.
Ahí está el verdadero tamaño de la presión.
No se trata solamente de droga, armas o frontera. Washington está poniendo el reflector sobre la posible protección institucional y política de las organizaciones criminales. Y eso coloca al gobierno mexicano frente a una pregunta particularmente incómoda: si existen funcionarios vinculados al crimen, ¿hasta dónde está dispuesto el Estado mexicano a investigarlos y llevarlos ante la justicia, sin importar su partido o posición?
La respuesta mexicana ha sido defender la soberanía. Sheinbaum sostuvo la semana pasada que México no necesita ser juzgado desde el exterior y que Estados Unidos también debe rendir cuentas sobre consumo de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas. Pero los datos de México Evalúa complican tanto el discurso de Washington como cualquier lectura triunfalista del gobierno mexicano.
Su análisis sobre violencia letal reconoce un avance importante: en el primer semestre de 2026, la tasa fue de 22.1 víctimas por cada 100 mil habitantes, 21% menos que en el mismo periodo de 2025 y 27% por debajo del máximo registrado en 2024. Sin embargo, sigue 26.1% por encima de 2015, y 11 entidades registraron aumentos de violencia letal entre 2025 y 2026.
Hay un dato todavía más revelador: México Evalúa señala que entre 2015 y 2026 otros delitos contra la vida aumentaron 197% y las personas desaparecidas y no localizadas 127.3%, mientras el homicidio doloso disminuyó 5.2%. Y al analizar seis tipos de operativos federales —detenciones, aseguramiento de armas, vehículos, drogas, laboratorios y combustible— no encontró una asociación robusta y sostenida que permita atribuir causalmente a esas acciones la reducción posterior de homicidios. El propio organismo advierte que esto no demuestra que los operativos sean inútiles; muestra que la información disponible no permite medir adecuadamente su impacto.
La ENVIPE 2026 aporta otra dimensión. El INEGI estimó 33.8 millones de delitos durante 2025, y el 93.4% no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. Los delitos más frecuentes fueron fraude, extorsión y robo en calle o transporte público.
Por eso el problema mexicano no puede reducirse a una sola cifra de homicidios. Hay menos violencia letal que hace dos años, sí; pero persisten desapariciones, extorsión, fraude, territorios con tasas extraordinariamente altas y una enorme brecha entre los delitos que ocurren y los que conoce formalmente el Estado.
Y mientras México defiende su soberanía, Estados Unidos sigue aumentando la presión.
El calendario tampoco es irrelevante. Trump enfrenta las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, mientras México se encamina hacia las elecciones estatales de 2027. La seguridad, el narcotráfico, la migración y los funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales seguirán formando parte de la relación bilateral.
La cuestión de fondo, entonces, no es si México debe aceptar que Washington dicte sus investigaciones. Eso corresponde a las instituciones mexicanas y al debido proceso. La pregunta es otra: ¿puede la soberanía convertirse en un argumento para no investigar a los propios?
Porque si hay funcionarios vinculados con el crimen, deben ser investigados con pruebas y conforme a la ley, sean de Morena, de la oposición o de cualquier otro partido. Y si las acusaciones estadounidenses carecen de sustento, corresponde demostrarlo también con expedientes y resultados judiciales.
Trump acaba de llevar esa exigencia a la ONU. Y ahora la presión ya no está solamente en la frontera: está dentro de las instituciones mexicanas.
@JErnestoMadrid
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