Rocha, los bancos y los privilegios de Morena
• La salida de Rocha Moya evitó un dilema financiero para los bancos; mientras el caso Mara Lezama vuelve a poner bajo escrutinio el costo y origen de los privilegios de funcionarios de Morena. Este miércoles, Emilio Romano hablará ante los medios en medio de la presión por el crédito a las MiPymes y a los bancos.
La segunda licencia de Rubén Rocha Moya resolvió algo más que una crisis política en Sinaloa: evitó que los bancos quedaran atrapados en un problema financiero y regulatorio de difícil salida.
La explicación, documentada por Jeanette Leyva en El Financiero, está en un dato que hasta ahora no ha ocupado el lugar que merece en la discusión pública: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Rocha Moya en la Lista de Personas Bloqueadas, después de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con una estructura que habría facilitado el tráfico de drogas en Sinaloa.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿cómo podía operar normalmente el sistema financiero de un gobierno estatal cuyo titular estaba incluido en una lista que obliga a los bancos a suspender operaciones con personas bloqueadas?
El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece la obligación de suspender inmediatamente actos, operaciones o servicios con clientes o usuarios incluidos en esa lista. El problema no necesariamente estaba en las cuentas del Gobierno de Sinaloa —los recursos pertenecen al Estado, no al gobernador—, sino en cualquier operación que requiriera la firma, autorización o instrucción directa de Rocha.
En otras palabras: podía seguir siendo gobernador políticamente, pero convertirse en un problema operativo para el sistema financiero. Y para los bancos el riesgo no termina en la legislación mexicana. También están sus relaciones con corresponsales e instituciones financieras internacionales, donde una operación considerada de alto riesgo puede tener consecuencias mucho mayores.
Por eso la salida de Rocha adquiere otra lectura: despresurizó a la política, pero también al sistema financiero. El otro problema: los señalados por Washington y aquí aparece un asunto todavía más delicado: la lista de funcionarios a quienes Estados Unidos ha retirado la visa.
En el sistema financiero, una persona considerada de alto riesgo puede enfrentar una vigilancia mucho mayor. Un banco puede, conforme a sus políticas, contratos y obligaciones regulatorias, decidir no mantener una relación comercial si considera que la exposición dejó de ser conveniente.
En la industria financiera ha trascendido que a algunos de los funcionarios afectados se les habría pedido cambiar de institución. Incluso se ha mencionado al Banco del Bienestar como una alternativa por tratarse de una institución pública.
Esto no significa que una cancelación de visa estadounidense implique automáticamente un bloqueo bancario. No son la misma cosa. Pero sí puede elevar el nivel de riesgo que las instituciones deben evaluar. Y si alguno de estos personajes llegara a ser incluido en una lista como la de OFAC, el escenario sería todavía más delicado.
Y mientras tanto, los lujos y aquí entra el otro extremo de la historia: Mara Lezama.
Reforma documentó que la gobernadora de Quintana Roo acumula 97 vuelos privados desde que asumió el cargo, con destinos frecuentes como Orlando y Vail. El diario estimó en unos 406 mil pesos el costo de un vuelo a Orlando y hasta 812 mil pesos uno a Vail, frente a un salario neto mensual de aproximadamente 102 mil 598 pesos.
Un solo viaje, por tanto, puede equivaler a entre cuatro y ocho meses de salario. Nadie está diciendo que viajar en avión privado sea un delito. La pregunta periodística es otra: quién paga, cuánto cuesta, bajo qué concepto y cuál es el origen de los recursos.
Porque ahí está la contradicción. Los bancos tienen que explicar y justificar cada vez más por qué mantienen una relación con un cliente considerado de riesgo. Los funcionarios públicos, en cambio, siguen teniendo enormes zonas de opacidad cuando se trata de explicar determinados niveles de gasto y privilegio.
Y ahora viene la banca. El tema cobra especial relevancia porque Emilio Romano, presidente de los banqueros, ofrecerá este miércoles una conferencia, y ha trascendido que abordará precisamente el incumplimiento de los compromisos asumidos con las MiPymes, además de los retos que enfrenta el sector.
Será una oportunidad para preguntarle directamente a la banca algo que ya no puede responder solamente con discursos: ¿A quién le está prestando el dinero y bajo qué criterios está administrando sus riesgos?
Porque mientras a una Pyme se le exigen garantías, historial, información financiera y capacidad de pago, los bancos enfrentan a funcionarios de alto riesgo con expedientes cada vez más complejos. Y aquí están las dos caras de la moneda.
Rocha Moya muestra cómo el poder político puede convertirse en un problema financiero. Mara Lezama muestra cómo el nivel de vida de un funcionario puede convertirse en un problema de transparencia. En ambos casos hay una misma palabra detrás: dinero.
Y una pregunta que la sociedad debería hacer tanto a los políticos como a los bancos: ¿Quién vigila al que tiene el poder y quién explica el origen de lo que tiene?
@JErnestoMadrid
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