Fotografía Redacción CIgdl.
• El senador de Morena suma más de 118 días sin acudir al Senado y anuncia su regreso; desde su propio partido le piden dejar el cargo y enfrentar sin fuero los señalamientos de Estados Unidos.
La contradicción dentro de Morena vuelve a quedar expuesta en Sinaloa. Mientras el partido cerró filas para defender el debido proceso frente a los señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, ahora uno de sus propios diputados, Arturo Ávila, considera que el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez debería pedir licencia y enfrentar las acusaciones sin fuero.
Ávila, quien aclaró que hablaba a título personal y no como vocero de la bancada de Morena en San Lázaro, calificó de “error” que Inzunza regrese a sus actividades legislativas el próximo 30 de agosto. Su argumento es directo: ante un señalamiento de esa gravedad, lo correcto sería someterse al escrutinio de las autoridades sin la protección del fuero constitucional.
“Cualquier persona que tenga un señalamiento tan delicado (…) debe permitir que las autoridades lleven a cabo sus investigaciones”, sostuvo el diputado.
El cuestionamiento cobra mayor fuerza porque Inzunza lleva más de 118 días sin acudir físicamente al Senado. Desde el 29 de abril se ha mantenido alejado de las actividades presenciales y sólo registra una participación virtual en junio. Pese a ello, no ha solicitado formalmente licencia y ahora ha anunciado su intención de regresar.
La situación resulta políticamente incómoda para Morena. Si el partido sostiene que nadie está por encima de la ley, la pregunta es por qué un senador señalado por autoridades estadounidenses puede permanecer ausente durante meses, conservar su cargo y posteriormente anunciar su regreso sin ofrecer una explicación pública suficiente.
Inzunza figura entre los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos. El gobierno mexicano ha sostenido que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas y que corresponde a las instituciones investigar.
Precisamente por eso la postura de Ávila abre una grieta dentro del discurso morenista: una cosa es exigir pruebas y debido proceso, y otra utilizar esos argumentos como una suerte de blindaje político. Si las investigaciones están abiertas, la salida que propone el propio diputado morenista es que Inzunza se separe del cargo y enfrente el escrutinio sin fuero.
El asunto también plantea una cuestión de responsabilidad pública. Un senador no sólo representa a un estado: tiene obligaciones legislativas y debe rendir cuentas sobre su actividad. Más de 118 días de ausencia física, sin licencia formal y con un regreso anunciado, difícilmente pueden explicarse como si se tratara de una ausencia ordinaria.
La contradicción es todavía más evidente después de la crisis provocada por Rubén Rocha Moya. Morena y el gobierno federal terminaron desmarcándose de su regreso a la gubernatura y se abrió incluso la posibilidad de trasladar el conflicto al terreno legislativo.
Ahora Inzunza pretende volver al Senado.
Y desde su propio partido ya le están diciendo que no.
El mensaje de Arturo Ávila coloca a Morena frente a su propia prueba de congruencia: si el fuero no debe convertirse en escudo frente a una investigación, entonces la exigencia debería ser la misma para todos, incluidos los propios.
