Foto: Redacción CIgdl.
Para cerrar el paso a fraudes inmobiliarios, falsificación de documentos y suplantación de identidad, autoridades de Jalisco preparan una nueva herramienta tecnológica que permitirá a los propietarios recibir alertas cuando se pretenda realizar algún movimiento relacionado con sus bienes ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
La directora jurídica, Tatiana Anaya, explicó que el sistema funcionará mediante notificaciones enviadas por correo electrónico, con las que el propietario podrá conocer oportunamente si alguien intenta realizar una operación registral sobre su inmueble.
La funcionaria señaló que, al recibir la alerta, el ciudadano podrá confirmar si reconoce el trámite. En caso contrario, o si no existe respuesta, el Registro Público tendrá la posibilidad de detener temporalmente el procedimiento y establecer contacto con el propietario para verificar la operación.
El mecanismo busca prevenir delitos como fraude, falsificación de documentos, suplantación de identidad y despojo, problemáticas que pueden afectar tanto a propietarios de viviendas de menor valor como a quienes poseen terrenos o inmuebles de alto costo.
Como referencia, Anaya informó que durante 2026 se han contabilizado ante la Fiscalía 32 casos de fraude, 12 de falsificación de documentos y tres relacionados con suplantación de identidad en este ámbito.
Aunque los registros de fraude muestran una disminución en comparación con años anteriores, al pasar de 139 casos en 2024 a 118 durante 2025, las autoridades pretenden fortalecer las acciones preventivas para mantener esta tendencia.
La directora jurídica comparó el funcionamiento de la herramienta con las alertas que utilizan las instituciones bancarias, pues permitirá que los propietarios detecten de manera anticipada operaciones que podrían poner en riesgo su patrimonio.
Advirtió que existen casos en los que los dueños regresan a sus propiedades y descubren que fueron ocupadas por terceros, mientras que en los registros oficiales ya aparece una escritura diferente. Ante este tipo de situaciones, consideró fundamental contar con mecanismos que permitan actuar antes de que el problema se concrete.
Como parte de la estrategia para reducir los riesgos en las operaciones de compraventa, el Gobierno de Jalisco también trabaja en una propuesta para establecer la certificación obligatoria de los asesores inmobiliarios.
La iniciativa pretende garantizar que quienes ofrecen propiedades o intervienen en operaciones inmobiliarias cuenten con preparación y acreditación formal.
Para avanzar en el proyecto se han realizado reuniones con integrantes del sector inmobiliario, notarios, corredores públicos, personal del Registro Público de la Propiedad y autoridades de la Fiscalía.
Anaya explicó que se analizan modelos aplicados en otras entidades para determinar la alternativa más adecuada para Jalisco, procurando que la regulación otorgue mayor seguridad a los compradores y propietarios sin vulnerar el derecho al trabajo.
Otro foco de preocupación son las redes sociales, donde se han detectado esquemas de fraude mediante anuncios de propiedades inexistentes o que nunca estuvieron disponibles para venta. En estos casos, los delincuentes buscan obtener anticipos o apartados de personas interesadas.
