Fotografía: Redacción CIgdl.
• Mientras el gobierno sostiene que el nuevo arancel de Estados Unidos no modifica el acceso preferencial de las exportaciones mexicanas, un diagnóstico del Observatorio de Trabajo Digno advierte que la precariedad laboral, la informalidad y la falta de representación sindical podrían convertirse en el principal punto de presión en la revisión del T-MEC.
La tercera ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC concluyó sin cambios inmediatos para las exportaciones mexicanas. Estados Unidos sustituyó el arancel global de 10% por uno sustentado en la Sección 301 de su legislación comercial, bajo el argumento del combate al trabajo forzoso. Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el impacto práctico es nulo: más del 85% de las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del tratado mantienen el acceso preferencial al mercado estadounidense.
Sin embargo, detrás del aparente alivio comercial persiste una vulnerabilidad mucho más profunda: el mercado laboral mexicano. El Reporte 29 del Observatorio de Trabajo Digno, elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, advierte que 57 millones de mexicanos carecen de un trabajo digno, una cifra que refleja las debilidades estructurales que México lleva a la mesa de negociación con Estados Unidos y Canadá.
De las 82.3 millones de personas en edad y condición de trabajar, 21.7 millones permanecen excluidas del mercado laboral, mientras que 35.9 millones laboran sin acceso a seguridad social. De éstos, 32.6 millones se desempeñan en la informalidad. A ello se suma que 86% de los trabajadores asalariados carece de representación sindical para negociar colectivamente sus condiciones laborales, uno de los temas que mayor atención reciben dentro del mecanismo laboral del T-MEC.
Aunque Washington aclaró que el nuevo arancel únicamente afectará a los productos que no cumplen con las reglas de origen del tratado, el cambio de fundamento jurídico no es menor. La Sección 301, utilizada para justificar la medida por presunto trabajo forzoso, ofrece a Estados Unidos una base legal más sólida y permanente para ampliar futuras acciones comerciales relacionadas con estándares laborales.
En ese contexto, especialistas advierten que la precariedad laboral podría convertirse en una moneda de cambio durante la revisión del tratado, particularmente en capítulos relacionados con derechos laborales, inspecciones y mecanismos de respuesta rápida, donde México ha enfrentado cuestionamientos en años recientes.
El propio Observatorio sostiene que, tras tres décadas de libre comercio en América del Norte, los déficits laborales permanecen prácticamente intactos, limitando además el fortalecimiento del mercado interno. Su presidente ejecutivo, Rogelio Gómez Hermosillo, sostiene que corregir esas deficiencias no sólo atendería compromisos internacionales, sino que reduciría la dependencia del crecimiento económico basado exclusivamente en las exportaciones.
Mientras el gobierno celebra que el nuevo arancel no modifica el acceso preferencial al mercado estadounidense, el verdadero desafío parece estar dentro del país. La estabilidad comercial obtenida en esta tercera ronda del T-MEC podría resultar insuficiente si México no corrige las condiciones de informalidad, bajos salarios y ausencia de protección laboral que hoy representan su mayor debilidad frente a sus principales socios comerciales.
@JErnestoMadrid
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