Fotografía: Redacción CIgdl.
• Mientras México y Estados Unidos avanzaban en la tercera ronda de la revisión del T-MEC, Washington lanzó la ofensiva financiera más amplia contra la estructura de lavado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las sanciones, sustentadas en inteligencia compartida con la UIF mexicana, elevan la presión para desmantelar no sólo las redes económicas del crimen, sino también las estructuras políticas que les han brindado protección.
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum daba por concluida la tercera ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, Washington enviaba un mensaje que va mucho más allá del comercio: el Departamento del Tesoro anunció la mayor ofensiva financiera de los últimos años contra la red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejando claro que la seguridad y el combate al crimen organizado forman ya parte inseparable de la relación bilateral.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 55 personas y entidades —39 individuos y 16 empresas— vinculadas con el CJNG, entre ellas constructoras, gasolineras, empresas agrícolas, tequileras, compañías de seguridad privada, comercializadoras e incluso una firma dedicada a la venta de calzado para bebés. Según el Departamento del Tesoro, todas formaban parte del entramado financiero utilizado para blanquear decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Lo relevante es que las sanciones no surgieron de manera aislada. Las investigaciones estadounidenses se apoyaron en información generada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que detectó operaciones inusuales en efectivo, adquisición de bienes de lujo, transferencias internacionales, uso de activos virtuales y una red de empresas con actividad económica limitada o simulada. Esa información derivó en denuncias ante la Fiscalía General de la República y posteriormente fue compartida con las autoridades estadounidenses dentro de los mecanismos de cooperación bilateral.
La ofensiva representa el tercer golpe financiero consecutivo de Washington en menos de un año. El 14 de agosto de 2025 sancionó empresas utilizadas para defraudar turistas mediante tiempos compartidos en Puerto Vallarta; el 30 de junio de 2026 castigó una red de empresas relacionadas con el huachicol fiscal; y ahora amplió el cerco contra la estructura empresarial que sostiene financieramente al CJNG.
Para la administración de Donald Trump, el objetivo es cortar el flujo de recursos que mantiene operando a una organización considerada una de las mayores productoras y distribuidoras de fentanilo hacia Estados Unidos. “La acción de hoy golpea a los líderes, a los financiadores y a las redes criminales del CJNG”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mientras el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, aseguró que las sanciones envían “un mensaje inequívoco” de que la estrategia será perseguir a todos los integrantes de la estructura financiera del cártel.
Sin embargo, el alcance político de estas medidas rebasa el combate al lavado de dinero. Conforme Washington fortalece su estrategia de inteligencia financiera, también incrementa la presión para que México investigue las redes de protección institucional que permiten operar a estas organizaciones criminales. En los últimos meses, diversas investigaciones estadounidenses han puesto el foco no sólo en operadores financieros, sino en posibles vínculos entre estructuras criminales y actores políticos, una narrativa que ha comenzado a generar preocupación incluso dentro de Morena.
El propio coordinador de los diputados oficialistas, Ricardo Monreal, reconoció recientemente que el discurso del supuesto “narcogobierno” ha resultado “muy feroz y exitoso”. No obstante, omitió que buena parte de esos señalamientos no provienen únicamente de la oposición, sino de investigaciones abiertas por agencias estadounidenses y de denuncias surgidas incluso desde el propio movimiento oficialista, como las relacionadas con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco.
En ese contexto, las sanciones anunciadas por el Tesoro no sólo representan un golpe económico contra el CJNG. Constituyen también un recordatorio de que, para Washington, la revisión del T-MEC, la seguridad fronteriza, el combate al fentanilo y el desmantelamiento de las redes político-financieras del crimen organizado forman parte de una misma agenda estratégica.
El mensaje es claro: la cooperación comercial con México avanza, pero la exigencia de resultados contra las estructuras que financian y protegen al crimen organizado será cada vez mayor. La presión ya no se limita a los cárteles; comienza a extenderse hacia quienes, desde el ámbito económico o político, hayan facilitado su operación.
@JErnestoMadrid
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