Fotografía:Enriquez
La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, aseguró que el Ayuntamiento ha emprendido acciones legales, administrativas y de infraestructura para enfrentar la crisis del agua que afecta al municipio, al tiempo que responsabilizó al SIAPA y al Gobierno de Jalisco por el deterioro del servicio y la falta de soluciones de fondo.
En conferencia de prensa, la alcaldesa informó que desde 2025 el municipio ha presentado 15 denuncias y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dirigidas a distintas instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), CONAGUA, PROFEPA, PROEPA y la Fiscalía Estatal, por presuntos delitos ambientales, descargas ilegales, negligencia y falta de mantenimiento en infraestructura hidráulica.
Pérez Segura destacó que la denuncia con mayor avance es la presentada contra el exdirector del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, luego de que una jueza federal revocó el no ejercicio de la acción penal y ordenó ampliar la investigación por presuntos delitos ambientales relacionados con descargas contaminantes.
La alcaldesa recordó que el municipio también promovió una iniciativa ante el Congreso de Jalisco para que el SIAPA aplique descuentos del 50% a usuarios que reciben agua turbia y del 100% a quienes no cuentan con suministro, propuesta que, afirmó, sigue pendiente de ser aprobada.
Laura Imelda Pérez aseguró que, ante las deficiencias del organismo operador, el Ayuntamiento ha destinado alrededor de 320 millones de pesos en obras hidráulicas, reparación de redes, desazolves, mantenimiento de pozos, construcción de infraestructura y abastecimiento mediante pipas y cisternas.
Entre las acciones destacó la reparación de un socavón de cuatro metros de profundidad en la calle Rayón, obra ejecutada con recursos municipales tras la falta de respuesta del SIAPA.
Asimismo, informó que el municipio mantiene 24 pipas gratuitas y 55 cisternas de 10 mil litros para abastecer a las colonias afectadas, además de haber distribuido más de 15 millones de litros de agua potable durante la actual administración.
Indicó que 227 colonias abastecidas por el SIAPA presentan problemas de agua turbia o falta de suministro, mientras que 66 colonias son atendidas directamente por el municipio mediante 22 pozos propios. Uno de los principales señalamientos de la presidenta municipal fue el presunto adeudo que el SIAPA reclama al Ayuntamiento.
Explicó que el organismo notificó una deuda superior a 211 millones de pesos, correspondiente a 211 cuentas; sin embargo, tras revisar la información entregada, el municipio detectó que únicamente 95 cuentas pertenecen realmente a Tlaquepaque. Además, acusó al SIAPA de aplicar anatocismo, es decir, cobrar intereses sobre intereses, práctica que calificó como ilegal y que, dijo, podría estar afectando también a miles de usuarios del área metropolitana.
Según el análisis del Ayuntamiento, el adeudo real de la actual administración sería de 7.6 millones de pesos, monto que aseguró están dispuestos a cubrir una vez que el organismo entregue el desglose completo y elimine recargos e intereses indebidos. La alcaldesa anunció que el Ayuntamiento presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra exfuncionarios municipales de administraciones anteriores por no haber cubierto oportunamente los adeudos con el SIAPA.
También reveló que el organismo solicitó al municipio el apoyo de la Policía de Tlaquepaque para realizar embargos a usuarios morosos, petición que rechazó categóricamente. “No vamos a participar en embargos contra ciudadanos cuando existe una crisis del agua y una violación al derecho humano al acceso al agua potable”, afirmó
Laura Imelda Pérez criticó que el nuevo Plan Hídrico estatal haya sido elaborado sin la participación de los municipios ni de especialistas y anunció que impulsará un parlamento abierto en el Congreso de Jalisco para discutir la estrategia de manejo del agua.
La presidenta sostuvo que el Gobierno del Estado ha mantenido el control del SIAPA durante los últimos ocho años y consideró que la crisis hídrica que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara requiere una discusión pública con académicos, organizaciones civiles, legisladores y ciudadanía.
Finalmente, hizo un llamado a revisar el modelo de operación del organismo, fortalecer la participación de los municipios en la toma de decisiones y garantizar el derecho de la población a recibir agua potable de calidad.
