Fotografía: Redacción CIgdl.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que mantiene abiertas investigaciones contra 12 personas y entidades presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas vinculadas al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
Las indagatorias se realizan en coordinación con autoridades de Estados Unidos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense emitiera sanciones contra 12 individuos y dos empresas señaladas por participar en actividades financieras ilícitas.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, las pesquisas apuntan a esquemas utilizados para mover recursos provenientes del narcotráfico, especialmente de la comercialización de fentanilo. Entre los métodos detectados destaca el uso de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos y transferir ganancias derivadas de la venta de drogas sintéticas.
Además, la UIF identificó operaciones que involucran traslado de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos, así como la creación de empresas fachada utilizadas para dispersar recursos y encubrir actividades ilícitas mediante operaciones comerciales aparentemente legales.
Las autoridades financieras mexicanas señalaron que continúan realizando análisis patrimoniales y revisiones de movimientos bancarios para detectar posibles conexiones adicionales con estructuras criminales dedicadas al lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda indicó que la cooperación bilateral con Estados Unidos busca impedir que organizaciones delictivas utilicen el sistema financiero para movilizar recursos ilegales, además de fortalecer las acciones contra redes internacionales relacionadas con el narcotráfico.
La UIF destacó que trabaja bajo estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, rastreo de recursos ilícitos y combate a las finanzas de la delincuencia organizada.
Con estas acciones, las autoridades buscan debilitar las estructuras económicas que sostienen las operaciones de los grupos criminales y reforzar la vigilancia sobre nuevas modalidades de lavado de dinero, particularmente aquellas relacionadas con activos virtuales y plataformas digitales.
