El derecho de las audiencias y el derecho a no ser aplaudido
Hay algo saludable en que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya abierto una consulta sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. En democracia, discutir cómo se informa, quién informa y qué derechos tiene quien recibe información pública nunca debería ser un problema.
El problema aparece cuando la defensa de las audiencias comienza a confundirse con la defensa de una narrativa.
La presidenta dijo este lunes que los lineamientos podrían modificarse “si es necesario” y que la figura del defensor de las audiencias y el código de ética ya están previstos en la ley. Hasta ahí, todo parece razonable.
Pero si realmente se quiere hablar de derechos de las audiencias, habría que empezar por una pregunta mucho más incómoda: ¿quién defiende a las audiencias de la información que proviene directamente del poder?
Porque una cosa es establecer mecanismos para que los medios respondan ante sus públicos y otra, muy distinta, es construir desde el gobierno una política de comunicación en la que la crítica pueda terminar interpretándose como falta de lealtad.
La propia presidenta abrió esa puerta cuando explicó que algunos medios reciben publicidad oficial “a partir de sus audiencias” y señaló expresamente a TV Azteca, Reforma y EL UNIVERSAL como empresas que no reciben esos recursos.
La frase debería preocupar más allá de simpatías políticas.
El presupuesto público no es propiedad de quien ocupa temporalmente la Presidencia. Tampoco es una recompensa ni una sanción para medios según su cercanía, distancia o afinidad con el gobierno en turno.
La publicidad oficial debe obedecer criterios públicos, verificables y transparentes. Si la audiencia es un criterio, debe existir una metodología clara para medirla y distribuir los recursos. Y si existen otros criterios, también deben conocerse.
Porque de lo contrario aparece una vieja tentación del poder: premiar al que acompaña y castigar al que incomoda.
José López Portillo lo resumió hace casi medio siglo con aquella frase que se convirtió en una de las expresiones más reveladoras de la relación entre gobierno y prensa: “No pago para que me peguen”.
Han cambiado los presidentes, las plataformas y las tecnologías, pero la tentación sigue ahí.
Hoy ya no se trata solamente de periódicos. El ecosistema informativo está compuesto por televisión, radio, portales digitales, redes sociales, influencers, plataformas y, por supuesto, las propias conferencias presidenciales que llegan diariamente a millones de personas.
Por eso hay otra pregunta inevitable: ¿por qué no aplicar los mismos estándares de ética, transparencia y derecho de réplica a la comunicación gubernamental?
Si existe preocupación por el derecho de las audiencias, la mañanera también podría ser un buen lugar para empezar.
No tendría nada de extraordinario que hubiera reglas claras para rectificar información, distinguir opinión de dato, documentar afirmaciones y garantizar el derecho de réplica. Incluso podría existir una figura independiente que revisara los señalamientos hechos desde el propio gobierno.
Sería interesante saber quién aceptaría ese puesto.
Tal vez habría candidatos entre los habituales participantes de las mañaneras. Y si la nostalgia gana, siempre quedaría la posibilidad de rescatar a Lord Molécula.
Pero detrás de la ironía hay un asunto serio.
El gobierno no puede pedir medios más responsables mientras conserva una enorme capacidad para decidir a quién asigna publicidad oficial. Tampoco puede defender el derecho de las audiencias mientras la información gubernamental se convierte, cada vez con mayor frecuencia, en una herramienta de comunicación política.
Y aquí está el verdadero interés cruzado.
La audiencia tiene derecho a información plural. Los medios tienen derecho a ejercer el periodismo sin que el presupuesto público se convierta en mecanismo de presión. Y el gobierno tiene la obligación de informar, no de administrar la lealtad de quienes lo informan.
La discusión sobre los derechos de las audiencias puede ser una oportunidad democrática si se aprovecha para construir reglas que protejan a todos: periodistas, medios, ciudadanos y también al propio gobierno frente a la tentación de utilizar la comunicación pública como instrumento de poder.
Porque al final hay una diferencia fundamental entre informar a la sociedad y decirle a la sociedad qué debe pensar.
Y quizá ese sea el derecho de audiencia que más necesitamos defender.
@JErnestoMadrid
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