• El pleito entre Ricardo Salinas Pliego y la 4T dejó de ser fiscal para volverse político: ahora, quien se queda sin narrativa no es el empresario, sino el gobierno.
Cuando el dinero dejó de fluir, la lealtad también. El conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno emanado de la 4T no nació por diferencias ideológicas ni por una súbita conciencia fiscal: nació, como casi todo en la política mexicana, por un desacuerdo sobre quién controla la caja.
Según fuentes cercanas al círculo financiero del sexenio pasado, la ruptura entre el magnate y el expresidente López Obrador se dio cuando Banco Azteca se negó a facilitar una operación que habría servido para encubrir un presunto lavado de dinero vinculado a estructuras del propio gobierno. A partir de ese momento, el empresario pasó de “aliado pragmático” a enemigo público número uno.
El presidente, sin embargo, no podía lanzarse directamente contra él sin admitir el rompimiento. Y Salinas, sabiendo bien cómo se mueven los hilos del poder, tampoco podía denunciarlo abiertamente. Así comenzó una guerra fría que, con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se convirtió en una batalla de narrativa, con el SAT como artillería y las redes sociales como campo de combate.
De los impuestos al linchamiento digital
El guion oficial fue simple, eficaz y perfectamente populista: “El pueblo paga impuestos, los ricos no”.
Desde ahí se desató la tormenta. Influencers “patrióticos”, cuentas automatizadas y voceros de ocasión repitieron el mantra con fervor religioso, mientras la televisora del empresario respondía con editoriales en horario estelar.
Pero lo que parecía una ofensiva fiscal se convirtió en una guerra por el control del relato. Salinas Pliego, acostumbrado a manejar sus propios reflectores, se rehusó a ser el villano que el gobierno necesitaba. Y entonces llegó el giro de guion: ofreció pagar.
El pago que incomoda al poder
Con una declaración que nadie esperaba, el magnate aseguró estar dispuesto a cubrir su adeudo con el SAT —lo que él considera “lo justo”— en un plazo de diez días. De golpe, desarmó el discurso gubernamental: si paga, ¿dónde queda la “rebeldía fiscal”? Y si el SAT rechaza el pago, ¿no queda en evidencia que el problema no era el dinero, sino el control?
El dilema es monumental. Aceptar el pago sería cerrar un frente político que ha servido como ejemplo de “autoridad moral” del Estado ante los poderosos. Rechazarlo, en cambio, confirmaría lo que muchos sospechan: que la persecución contra el empresario es más política que fiscal.
Un SAT que no quiere soltar la bandera
Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, insiste en que Grupo Salinas debe más de 74 mil millones de pesos. Salinas lo niega: dice que el monto está inflado, duplicado y calculado con criterios discrecionales. Si el órgano recaudador acepta la oferta, tendría que transparentar los números, exponer los métodos de cálculo y demostrar que su cruzada no era personal.
Por eso el gobierno titubea. Porque aceptar sería renunciar al símbolo que tan bien les ha funcionado.
De la justicia fiscal al control narrativo
En el fondo, lo que se disputa no son impuestos, sino influencia. Morena controla los medios públicos, pero TV Azteca sigue teniendo un poder que ningún gobierno tolera sin incomodarse: el de llegar al pueblo sin filtros. Y eso, para un régimen que vive de la narrativa, es una amenaza más peligrosa que cualquier adeudo tributario.
De ahí la insistencia en reformar leyes, ajustar el marco del amparo e incluso colocar a un presidente de la Corte afín al Ejecutivo. Todo con la aparente intención de “aplicar la ley”, aunque el mensaje real sea otro: en México, quien desafía al poder paga… pero no precisamente en pesos.
Epílogo: el espejo roto
El caso Salinas Pliego es, en realidad, el espejo de la 4T. Un movimiento que nació contra la élite económica y terminó reproduciendo sus mismos métodos: usar la moral como excusa y la justicia como arma.
Ahora, el empresario ofrece pagar y el gobierno duda. Porque si acepta, se queda sin enemigo útil; y si no, exhibe que lo que menos importa son los impuestos.
El problema, esta vez, no es de Salinas Pliego.
