Fotografía: Redacción CIgdl.
Una vez más, el dinero público parece perderse entre las grietas de la burocracia. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su informe preliminar de la Cuenta Pública 2024 posibles daños al erario por 6 mil 969 millones de pesos, una cifra que no solo refleja irregularidades administrativas, sino el persistente deterioro de los mecanismos de transparencia y fiscalización en el país.
El organismo fiscalizador practicó 698 auditorías a dependencias federales, estatales y municipales, encontrando una gama de anomalías que va desde manejo inadecuado de recursos y desvíos presupuestales, hasta falta de comprobación y contratos con sobrecostos. Las observaciones alcanzan incluso al Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instituciones que, en teoría, deberían ser ejemplo de probidad y legalidad.
Más allá de los números, el informe exhibe una patrón recurrente de opacidad: cada año, las auditorías detectan fallas similares, los entes auditados prometen aclaraciones, y el ciclo de la impunidad se repite. El plazo legal para solventar las observaciones podría servir, en el mejor de los casos, para corregir errores contables; pero en el peor, se convierte en un margen de maniobra para justificar lo injustificable.
El caso es un recordatorio incómodo de que la rendición de cuentas sigue siendo un ejercicio débil y tardío en México. Mientras los recursos públicos se diluyen entre trámites, transferencias sin sustento y proyectos sobrevaluados, los ciudadanos continúan pagando el costo de un sistema que parece tolerar la ineficiencia y premiar la opacidad.
La ASF ha cumplido con su papel de señalar; ahora corresponde a las autoridades competentes y a la sociedad exigir que las observaciones no se archiven, sino que se traduzcan en responsabilidades concretas y sanciones ejemplares. De lo contrario, el próximo informe volverá a contarnos la misma historia, solo con cifras distintas.
