Fotografía: Redacción CIgdl.
La reciente aprobación en lo general de la reforma a la Ley de Amparo por parte de la Cámara de Diputados ha encendido focos rojos entre juristas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición, quienes coinciden en que la medida representa un retroceso significativo en la defensa de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder.
Aunque aún falta discutir el dictamen en lo particular, los críticos no han tardado en señalar los riesgos que implica esta modificación: la posible limitación del amparo como herramienta para frenar actos inconstitucionales o decisiones gubernamentales que vulneren derechos humanos.
“El amparo ha sido históricamente un mecanismo fundamental para que la ciudadanía pueda defenderse frente al poder. Lo que está en juego es la posibilidad real de limitar la arbitrariedad del Estado”, advirtió un constitucionalista consultado.
Desde el oficialismo, la narrativa es diametralmente opuesta. Diputados afines al gobierno han defendido la reforma argumentando que se busca construir una justicia más eficiente y menos burocrática, además de evitar el uso excesivo de suspensiones que, a su juicio, paralizan obras y decisiones clave del Ejecutivo.
No obstante, para diversos especialistas esta postura encubre una intención más profunda: debilitar los contrapesos institucionales y facilitar el avance de proyectos sin someterse al escrutinio legal o ciudadano.
“La reforma parece diseñada para restarle dientes al Poder Judicial y aumentar el control político sobre sus decisiones. Es una señal preocupante de regresión democrática”, señaló una integrante de una organización de derechos humanos.
La Ley de Amparo, una de las herramientas más importantes del marco jurídico mexicano, permite a cualquier persona solicitar protección judicial ante actos de autoridad que considere violatorios de sus derechos. Limitar su alcance, advierten los expertos, sería desmantelar uno de los últimos escudos legales con que cuentan los ciudadanos frente a posibles excesos del poder.
A la espera de su discusión en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo se ha convertido en un nuevo punto de tensión entre el gobierno y diversos sectores de la sociedad que temen que, bajo el discurso de la eficiencia, se esté gestando una erosión silenciosa del Estado de Derecho.
