Fotografía: Redacción CIgdl.
El nombre del senador morenista Adán Augusto López Hernández vuelve al centro de la polémica. Este lunes, la exdiputada federal María Elena Pérez-Jaén, militante del Partido Acción Nacional, presentó formalmente una demanda de juicio político en su contra, con el objetivo de retirarle el fuero y permitir su investigación por presuntas omisiones que habrían beneficiado al crimen organizado durante su mandato como gobernador de Tabasco.
La solicitud, entregada a la Cámara de Diputados, se basa en una serie de acusaciones que señalan a López Hernández por haber mantenido en el cargo de secretario de Seguridad Pública estatal a Hernán Bermúdez Requena, presuntamente vinculado al grupo criminal “La Barredora”, que opera en el sureste del país. Según la exlegisladora, esta decisión implicaría encubrimiento, tráfico de influencias y cohecho.
“Es impensable que el entonces gobernador desconociera los posibles vínculos de su secretario con organizaciones delictivas”, declaró Pérez-Jaén al presentar el documento, donde argumenta que el senador, como jefe jerárquico directo, pudo haber facilitado —por acción u omisión— el actuar del crimen organizado desde las estructuras institucionales.
La exdiputada sostuvo que, de probarse las irregularidades, López Hernández podría enfrentar una sanción de hasta 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, además de la apertura de procesos penales. El documento que respalda la denuncia será ratificado oficialmente el próximo jueves.
Más allá de las implicaciones legales, el caso tiene una carga política considerable. Adán Augusto no solo fue secretario de Gobernación durante parte del actual sexenio, sino que ahora lidera la bancada de Morena en el Senado, convirtiéndolo en una figura clave dentro del partido oficialista.
Pérez-Jaén señaló además que la continuidad de Bermúdez Requena en el cargo, a pesar de los señalamientos, revela una cadena de protección institucional. “El encubrimiento no es solo callar; es permitir, es proteger, es desviar la mirada cuando el deber exige actuar”, expresó la exlegisladora.
Implicaciones para Morena y el Senado
La denuncia se da en un momento político complejo, cuando se avecina el último tramo del sexenio y las fuerzas políticas comienzan a reacomodarse rumbo a las elecciones intermedias. De proceder, el juicio político podría impactar no solo la trayectoria de López Hernández, sino también la imagen de Morena en el Legislativo.
La demanda pone sobre la mesa un tema incómodo: el papel que pueden jugar altos funcionarios en la consolidación del poder criminal a través de omisiones administrativas o decisiones de gabinete. Aunque la denuncia deberá ser analizada por la Subcomisión de Examen Previo, su sola presentación ya ha generado ruido en el tablero político.
En tanto, el senador Adán Augusto no ha emitido declaraciones sobre la acusación, aunque se espera que lo haga una vez que la ratificación de la denuncia avance en el Congreso.
