Fotografía: Redacción Cigdl.
• El deterioro de la inversión pública y privada amenaza el crecimiento, advierte México, ¿cómo vamos?
El termómetro de la inversión en México se enfría y el semáforo económico vuelve al amarillo, tras dos trimestres de respiro de acuerdo con el semáforo económico de México ¿cómo vamos?
Los datos del primer trimestre de 2025 no mienten: la inversión total cayó un 4.0% frente al trimestre previo y un 6.8% en términos anuales, debilitando la base que sostiene cualquier proyecto de desarrollo serio, incluido el ambicioso Plan México, la hoja de ruta con la que el actual gobierno busca colocar al país en el selecto club de las 10 economías más grandes del mundo.
La cifra es más que técnica: es una advertencia política y social. Porque sin inversión suficiente —y sostenida— no hay empleo de calidad, no hay innovación, no hay expansión de capacidades productivas. Y lo que es peor: no hay confianza empresarial, ese bien intangible que ningún gobierno puede imponer por decreto.
El deterioro fue más severo en el rubro público: la inversión estatal se desplomó 24.4% anual, arrastrando a la baja el componente privado, que también retrocedió 4.4%. Así, la inversión como proporción del PIB cayó a 23%, lejos de la meta oficial de 25% para 2026 y todavía más distante del ambicioso 28% proyectado para 2030.
Esto es grave porque la inversión privada —que representa el 90% del total— es el verdadero motor del crecimiento. Los empresarios mexicanos y extranjeros necesitan señales claras, reglas estables, respeto a la ley y a la propiedad. No basta con grandes anuncios o proyectos sexenales sin rentabilidad; la certidumbre jurídica pesa más que cualquier discurso de palacio.
El Plan México no despegará si esta tendencia persiste. Su Meta 2 —mantener la inversión arriba del 25% del PIB— es condición necesaria para lograr las otras: integrarse al top 10 económico global (Meta 1) y crear 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura (Meta 3). Sin inversión real, todas esas promesas son papel mojado.
El retroceso también tiene un costo social. Menos inversión significa menos empleo formal, más precariedad, menor capacidad productiva. Significa, en el fondo, más desigualdad. Y si la inversión pública además cae —como ha sucedido al reducirse a sólo 2.3% del PIB—, se pierde el efecto contracíclico del gasto estatal que podría amortiguar los vaivenes privados.
El gobierno debe decidir si quiere gastar en controlar instituciones —como la reciente y cuestionada elección judicial— o en construir confianza para atraer capital productivo. La inversión, como el clima político, reacciona a los incentivos y a las señales. Hoy, esas señales son amarillas. Y la historia económica de México enseña que cuando este semáforo se mantiene así por mucho tiempo, el siguiente color suele ser rojo.
@JErnestoMadrid
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