Fotografía: Redacción CIgdl.
• Del INE al Infonavit, de los negocios de los hijos de Rocha Moya al entorno de Andy López Beltrán y los contratos de Corporativo Kosmos, las investigaciones periodísticas exhiben empresas cercanas al poder y conflictos de interés que contradicen la promesa de acabar con los privilegios.
La corrupción no desapareció con el cambio de gobierno. Los expedientes que rodean a instituciones y personajes de la llamada transformación exhiben una constante: contratos públicos, adjudicaciones directas y empresas vinculadas con círculos cercanos al poder. El caso de Guadalupe Taddei en el INE es apenas una muestra.
Investigaciones de Latinus y EL UNIVERSAL documentaron contratos por más de mil millones de pesos en organismos electorales, presuntamente obtenidos mediante empresas que habrían simulado competencia. También se reportaron pagos superiores a seis millones de pesos a ocho trabajadores cuyos servicios no pudieron acreditarse.
A este expediente se suma Corporativo Kosmos, de Jack Landsmanas: empresas del grupo y firmas vinculadas a su familia acumularon, desde diciembre de 2018, al menos 25 mil 787 millones de pesos en contratos públicos, según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y ComprasMX. Dos de sus compañías, Productos Serel y La Cosmopolitana, también aparecen en señalamientos por presuntos sobornos relacionados con contratos del INE. El monto considera los mínimos pactados, no necesariamente pagos efectivos.
El caso adquiere otra dimensión por los antecedentes laborales de Luz Elena González, actual secretaria de Energía y figura cercana a Claudia Sheinbaum, cuyo nombre ha circulado en versiones políticas sobre la sucesión de 2030. Entre 2014 y 2016 recibió pagos por servicios profesionales de La Cosmopolitana y Productos Serel, de acuerdo con información sobre sus declaraciones de intereses. También se han reportado nuevos contratos de empresas de Landsmanas con Pemex.
González negó haber intervenido para favorecerlas y Sheinbaum pidió investigar las contrataciones. Pero pregunta sin respuesta: ¿qué relaciones y posibles conflictos de interés deben aclararse cuando los mismos grupos empresariales aparecen una y otra vez alrededor del poder?
El problema alcanza al Infonavit. Senadoras del PRI exigieron la comparecencia de Octavio Romero Oropeza por presuntas irregularidades en la contratación de empresas para el programa de vivienda. Claudia Anaya señaló que, de un fondo de 1.2 billones de pesos de las subcuentas de vivienda, se han erogado más de 150 mil millones. Cuestionó que empresas sin experiencia acreditada en construcción, algunas proveedoras de Pemex durante la gestión de Romero aparezcan ahora como contratistas. También denunció una adjudicación directa por 580.5 millones de pesos para arrendamiento de equipos de impresión. El Instituto debe explicar quién recibe esos recursos y bajo qué criterios.
En Sinaloa, EL UNIVERSAL documentó que empresas vinculadas con los hijos de Rubén Rocha Moya y sus socios obtuvieron alrededor de 94 millones de pesos en contratos públicos. La constructora Chocosa, fundada por dos de sus hijos en 2009, consiguió contratos apenas ocho meses después de su creación y continuó recibiéndolos mientras su padre ocupaba cargos públicos. Rocha Moya negó haber intervenido. La pregunta sigue siendo quién asignó los recursos y qué controles evitaron posibles conflictos de interés.
El círculo de López Obrador tampoco está libre de cuestionamientos. Diversos medios documentaron la participación de Andrés Manuel López Beltrán en Realesco, empresa de comercialización de vinos, cuando ya era secretario de Organización de Morena. Pero el expediente más incómodo es su relación con Amílcar Olán, señalado en investigaciones periodísticas por presuntos negocios millonarios, entre ellos el suministro de balasto para el Tren Maya. Andy ha intentado deslindarse y asegura que ya no mantiene comunicación con él; sin embargo, las preguntas sobre esa cercanía persisten. Quien llegó a ser mencionado como posible heredero político de su padre para 2030, con miras a la Presidencia o la Jefatura de Gobierno capitalina, hoy aparece asociado a aspiraciones más acotadas, como una diputación local. A ello se suman los contratos de Sixsigma Networks, empresa de un amigo suyo que obtuvo alrededor de 33 mil millones de pesos en contratos públicos durante tres sexenios.
Y está el huachicol fiscal: una red que exhibió la penetración del contrabando de combustible en estructuras aduaneras y de seguridad. Las investigaciones de la FGR y los señalamientos sobre los hermanos Farías Laguna y sus presuntos movimientos de personal en aduanas y la Marina durante la gestión de Rafael Ojeda llevaron el problema hasta instituciones estratégicas del Estado.
No todos estos expedientes tienen el mismo origen ni han concluido en responsabilidades judiciales. Pero comparten una constante: dinero público, empresas cercanas a personajes políticos y explicaciones pendientes. La 4T prometió terminar con los privilegios y separar los negocios privados del gobierno. Hoy, sus familiares, amigos, funcionarios y operadores aparecen bajo escrutinio. La honestidad no se demuestra persiguiendo sólo a los adversarios, sino investigando a los propios y transparentando cada contrato.
La pregunta ya no es cuántos expedientes incómodos existen, sino por qué tantos siguen esperando una explicación.
@JErnestoMadrid
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