Fotografía: Redacción CIgdl.
• De la ficción de Epigmenio Ibarra a un presunto jefe criminal liberado a cambio de tres agentes: cuando la realidad supera la pantalla, el problema ya no es el argumento, sino quién tiene el control.
Si Epigmenio Ibarra quisiera escribir hoy una nueva temporada de sus dramas políticos y criminales, quizá no tendría que inventar demasiado. La realidad le está poniendo el guion: en Morelos, la Fiscalía liberó a José David “N”, alias El Güero Gym, señalado como presunto líder de Pueblos Unidos, después de que el grupo retuviera a tres agentes para exigir su entrega.
La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la decisión con un argumento difícil de discutir en abstracto: salvar vidas. El problema comienza cuando esa decisión revela hasta dónde puede llegar la presión criminal sobre las instituciones. Tres agentes recuperaron la libertad, pero el presunto delincuente también. Y el gobierno promete detenerlo después, en un nuevo operativo.
Omar García Harfuch explicó que la detención no había sido planeada y que los elementos desplegados no eran suficientes para enfrentar la reacción del grupo. La pregunta que cabe en los argumentos es: ¿cómo se combate la extorsión si una detención termina con la liberación del detenido porque la organización criminal eleva el costo de mantenerlo bajo custodia?
No se trata de exigir que las autoridades sacrifiquen vidas para sostener una operación. Se trata de entender por qué llegaron a una situación en la que tuvieron que elegir bajo presión y qué garantías existen de que el siguiente operativo no vuelva a terminar de la misma manera.
Ahí es donde la ficción empieza a quedarse corta. En las narcoseries, el poder criminal se mide por su capacidad para corromper, intimidar y negociar con el Estado. En Morelos, el episodio tiene una diferencia inquietante: no es un argumento escrito para Netflix, sino una decisión oficial que debe explicarse y rendir cuentas.
Y hay otra trama que merece seguimiento: el caso de Jorge Amílcar Olán Aparicio, mencionado en audios difundidos públicamente sobre presuntos vínculos con operadores criminales y contratos relacionados con Dos Bocas. Harfuch dijo que el empresario está “ubicable”, pero precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República informar si existen carpetas de investigación y qué contienen. Los audios y señalamientos no son una sentencia; la obligación institucional es investigar y aclarar.
La ironía alcanza también al propio Ibarra, productor de Ingobernable para Netflix y figura cercana al obradorismo. Su empresa Argos recibió en 2020 un crédito de 150 millones de pesos de Bancomext; reportes posteriores han señalado adeudos pendientes vinculados con ese financiamiento y obligaciones fiscales. La situación debe describirse como un asunto financiero que requiere claridad sobre pagos y recuperación del crédito, no como prueba de un delito.
La comparación no implica que una serie sea una investigación judicial ni que todos sus personajes tengan equivalentes reales. Pero sí deja una paradoja: quien ha contado historias donde el crimen y el poder se cruzan observa cómo la realidad mexicana produce escenas que parecen escritas para la pantalla.
La Cuarta Transformación prometió recuperar la autoridad del Estado. Hoy, en Morelos, la pregunta es cómo se ejerce esa autoridad cuando un grupo criminal secuestra agentes para conseguir la liberación de un detenido.
Salvar vidas era prioritario. Ahora toca demostrar que salvarlas no significa renunciar a la justicia.
Porque cuando el presunto criminal sale por la puerta a cambio de recuperar a los agentes, el capítulo no termina con un final feliz: termina con una deuda de explicación, de investigación y de resultados.
Y esa, por desgracia, no se resuelve cambiando de temporada.
@JErnestoMadrid
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