Fotografía: Redacción CIgdl.
• Mientras Pemex prepara un ajuste de mil millones de pesos al gasto de personal, dentro de la empresa crecen los cuestionamientos sobre la gestión de Marcela Villegas, la concentración de decisiones, las negociaciones con proveedores y un deterioro operativo que contrasta con el creciente apoyo fiscal del gobierno.
Hay momentos en que una empresa no necesita otro recorte, sino una explicación. Pemex parece estar llegando a uno de ellos.
Esta semana se prepara un tercer ajuste al Capítulo 1000, el rubro de servicios personales, con una reducción que, de acuerdo con información interna, rondaría los mil millones de pesos, principalmente sobre personal de confianza. Los sindicalizados quedarían fuera porque de acuerdo con la información proporcionada a este reportero, implican votos que, de cara a 2027, serán de mucha utilidad.
El problema no es ahorrar. Pemex necesita hacerlo. El problema es qué se recorta, a quién y para qué. La decisión está bajo la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, encabezada por Marcela Villegas Silva, quien llegó a Pemex después de dirigir la Central de Abasto de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum, en sustitución de Marcos Herrería Alamina, quien junto con Octavio Romero Oropeza concentró durante el sexenio anterior buena parte del poder administrativo de la petrolera.
La DCAS controla contratación, abastecimiento, recursos materiales, tecnología y personal. Es decir, una de las áreas donde se decide buena parte del dinero y de la operación de Pemex. Y ahí reaparecen viejos síntomas.
Fuentes internas señalan como persona cercana a Villegas a Ximena Jacinta García Ramírez, a quien le fue asignada una camioneta y celular para uso personal y se le atribuyen influencia en decisiones administrativas y contractuales, además de señalar la incorporación de familiares y personas cercanas. Ahí aparecen los nombres de Lucy Lozano Rodríguez, Javier Núñez, Anuar Conde Hernández, Darío y Gisel Juárez, Miguel Ángel Hernández Sandoval y Neyra Castillo que conformarían una red de intereses y no de capacidades.
Lo anterior plantean una pregunta incómoda: ¿por qué Pemex se desprende de personal especializado mientras incorpora perfiles cuya experiencia en la industria es cuestionada por trabajadores de la propia empresa?
El asunto se extiende a los proveedores. Según información interna, se pretende renegociar contratos para obtener reducciones cercanas a 20%, pese a que algunos proveedores ya habrían realizado ajustes similares el año pasado y pagado comisiones. Cerca de 40% habría aceptado nuevamente, principalmente pequeñas y medianas empresas que ven en riesgo su sustentabilidad.
Mientras tanto, los números operativos no mejoran. En agosto, la producción de crudo cayó a 1.336 millones de barriles diarios, mientras las exportaciones descendieron a 275.7 mil barriles diarios, 44.9% menos que un año antes, y Moody’s estima que Pemex necesitará alrededor de 10 mil millones de dólares anuales de respaldo gubernamental entre 2026 y 2030 para enfrentar deuda, proveedores, pasivos laborales e inversión. Es decir: Pemex recorta personal mientras el gobierno sigue rescatándolo financieramente.
Hay además otro dato que exige explicación. Un análisis atribuido al excomisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Francisco Barnés de Castro identifica una faltante cercano a 80 millones de barriles de crudo y condensados al confrontar producción, refinación y exportaciones. Una diferencia de balance no equivale automáticamente a petróleo robado. Puede haber problemas de medición, inventarios o metodología. Pero una discrepancia de esa magnitud merece una explicación técnica pública.
Luego está Dos Bocas. La Refinería Olmeca tiene capacidad nominal de 340 mil barriles diarios, pero en julio procesó alrededor de 93 mil. Para 2026, PTI Infraestructura de Desarrollo recibió 11,900 millones de pesos de inversión, de los cuales 9,400 millones corresponden a infraestructura de transporte, almacenamiento y logística. No es un subsidio directo al combustible, pero sí es más dinero público para consolidar una operación que todavía está lejos de su capacidad nominal. Y la refinería tampoco ha estado exenta de incidentes: el incendio de marzo dejó cinco personas fallecidas.
Hay finalmente una versión que, de confirmarse, sería especialmente delicada. Fuentes internas sostienen que en una reunión energética reciente en Palacio Nacional se presentaron a la presidenta cifras de producción que provocaron cuestionamientos sobre la consistencia de los datos. Habrían estado presentes el director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso; el responsable de Transformación Industrial, Carlos Armando Lechuga Aguiñaga; el director de Exploración y Producción, Octavio Barrera Torres, y la secretaria de Energía, Luz Elena González.
La pregunta es sencilla: ¿qué cifras recibió la presidenta y cuáles son las correctas?
Y hay una cuestión política que tampoco puede ignorarse. Desde dentro de Pemex se sostiene que Marcela Villegas mantiene el respaldo de la presidenta pese a los cuestionamientos que rodean su gestión. A ello se suma una versión que ha circulado desde hace tiempo: que desde la Central de Abasto existió apoyo con recursos o estructuras a la campaña presidencial de Sheinbaum y que ese antecedente explicaría la protección política de Villegas.
Ese señalamiento no está acreditado judicialmente y debe tratarse como lo que es: una acusación que requiere pruebas. Pero precisamente por eso merece una respuesta clara, no silencio. Porque el problema de Pemex ya no es solamente presupuestal. El Paquete Económico 2027 contempla una transferencia de 81,100 millones de pesos para la petrolera, mientras la empresa recorta personal, renegocia con proveedores, enfrenta una producción deprimida y continúa requiriendo inversiones adicionales. Eso no es únicamente un problema de nómina. Es un problema de desarrollo organizacional.
Una petrolera puede ahorrar mil millones de pesos despidiendo trabajadores. Lo que no puede hacer indefinidamente es perder conocimiento técnico mientras conserva estructuras de poder. En Pemex, el verdadero ahorro no debería medirse por cuántos trabajadores salen por la puerta. Debería medirse por cuánto petróleo produce, cuánto dinero deja de perder y cuánto deja de pedirle al contribuyente.
@JErnestoMadrid
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