Fotografía: Redacción CIgdl.
Interese Cruzados
Hay dos maneras de leer el Paquete Económico 2027.
La primera es la versión de Hacienda y su secretario Edgar Amador: México mantiene la disciplina fiscal, reduce gradualmente el déficit, no crea nuevos impuestos, fortalece la recaudación, conserva la inversión pública y mantiene bajo control la deuda.
La segunda está en los números y en la lectura de los bancos. Y ahí la historia se vuelve bastante menos cómoda.
Claudia Sheinbaum ha defendido el paquete como responsable y ha insistido en que no habrá nuevos impuestos, sino una estrategia para cobrar mejor los que ya existen, combatir la evasión, cerrar espacios a las factureras que López Obrador dijo que ya no había y ampliar la base de contribuyentes. Hacienda calcula ingresos tributarios por 6.26 billones de pesos, equivalentes a 15.9% del PIB, un máximo histórico. El gasto total, sin embargo, llegará a 10.63 billones de pesos.
La diferencia entre ingresos y gasto explica buena parte del problema: el Estado seguirá necesitando financiamiento.
El gobierno plantea reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027. Suena bien. El problema es que reducir el déficit no significa necesariamente reducir la deuda.
De hecho, Hacienda proyecta que el Saldo Histórico de los RFSP, la medida más amplia del endeudamiento público pase de alrededor de 54% del PIB en 2026 a 55% en 2027, y que llegue a 56.5% hacia 2031.
Aquí aparece la primera contradicción.
En 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presumía que no endeudaría al país y dejaría la deuda alrededor de 48.6% del PIB y hablaba de mantenerla estable. Incluso el propio López Obrador afirmaba que su administración había manejado la deuda con mayor prudencia que los gobiernos anteriores.
La realidad es que el saldo histórico cerró 2024 en 51.4% del PIB, según México Evalúa, frente a 43.6% en 2018. En términos nominales, pasó de aproximadamente 14.2 a 17.4 billones de pesos.
Y ahora Hacienda proyecta 55% para 2027. No significa que México esté ante una crisis de deuda. No lo está.
Pero sí significa que la deuda dejó de ser un problema que pudiera esconderse detrás de la comparación con administraciones anteriores.
¿Cuánto significa esto?
El Paquete Económico calcula un PIB nominal de alrededor de 39.5 billones de pesos para 2027. Si la deuda amplia representa 55%, estamos hablando de aproximadamente 21.7 billones de pesos. Con una población de alrededor de 134 millones de mexicanos, el equivalente aritmético es de aproximadamente 162 mil pesos de deuda pública por habitante.
No significa que Hacienda vaya a mandar una factura de 162 mil pesos a cada mexicano. Es una manera de dimensionar el tamaño del problema.
Y hay otro dato más importante: el gobierno solicita autorización para contratar hasta 1.7 billones de pesos de deuda interna y 13,500 millones de dólares de deuda externa durante 2027. Para decirlo de manera sencilla: el Estado mexicano seguirá gastando más de lo que obtiene y cubrirá esa diferencia, en parte, con deuda.
Ahí es donde entran los bancos.
Banorte considera manejable la trayectoria, pero reconoce que la deuda seguirá aumentando ligeramente. BBVA coincide en que la consolidación fiscal avanza, pero advierte que será gradual y que la rigidez del gasto limita el espacio para hacer política económica. Además, señala que México tiene una recaudación tributaria particularmente baja frente a la OCDE, lo que restringe la capacidad del gobierno para financiar nuevas necesidades sin una reforma fiscal de fondo.
Y Banamex es todavía más cauteloso: estima que los RFSP podrían ubicarse en 4.1% del PIB en 2027, por encima del 3.9% previsto por Hacienda, y sostiene que el paquete no sería suficiente para estabilizar la deuda. También advierte que las previsiones de recaudación pueden ser demasiado optimistas.
Aquí está el verdadero debate. Hacienda dice: vamos a recaudar más sin subir impuestos. Los bancos responden: es posible, pero no está garantizado que la fiscalización produzca de manera permanente los ingresos que necesita el Estado.
Y esa diferencia importa porque el gasto ya adquirió una enorme rigidez.
Los programas sociales representarán alrededor de 2.6% del PIB, mientras que las pensiones y jubilaciones rondarán 1.84 billones de pesos. Son recursos que llegan a millones de hogares y que tienen una enorme importancia social y política, pero también son compromisos que no desaparecen cuando la economía crece poco.
Después está la inversión.
Hacienda quiere mantener la inversión física alrededor de 2.6% del PIB. BBVA considera positivo no sacrificarla, porque la inversión pública puede ayudar a compensar la debilidad de la inversión privada.
Pero aquí aparece otra pregunta: ¿de dónde saldrá el crecimiento si la inversión privada no responde con suficiente fuerza?
Hacienda calcula que México crecerá 2% en 2027, dentro de un rango de 1.5% a 2.5%. Banamex es menos optimista y estima alrededor de 1.7%. Dos por ciento no es una catástrofe.
Pero tampoco es un crecimiento extraordinario para una economía que necesita financiar pensiones crecientes, programas sociales permanentes, infraestructura, salud, educación, seguridad y el costo de su propia deuda.
Y entonces aparece Pemex.
El gobierno pretende reducir en casi 70% la transferencia destinada a cubrir obligaciones financieras de la petrolera: de alrededor de 271.9 mil millones de pesos en 2026 a 81.1 mil millones en 2027.
Es una reducción importante. Pero no es independencia financiera.
Pemex seguirá recibiendo dinero público para pagar amortizaciones y créditos contratados anteriormente. De hecho, el proyecto estima un superávit financiero de Pemex de 95.1 mil millones de pesos, pero ese resultado incluye los 81.1 mil millones de apoyo federal. Sin esa transferencia, el superávit sería de apenas unos 14 mil millones.
Es decir, Pemex necesita menos oxígeno, pero todavía necesita oxígeno. Y eso tiene un costo fiscal. La ecuación completa es entonces bastante sencilla.
México quiere crecer alrededor de 2%. Quiere recaudar 6.26 billones de pesos en impuestos sin crear nuevos gravámenes. Quiere gastar 10.63 billones. Quiere mantener la inversión física en 2.6% del PIB. Quiere preservar los programas sociales. Quiere pagar 1.84 billones de pesos en pensiones y jubilaciones. Quiere seguir apoyando a Pemex.
Y, al mismo tiempo, quiere reducir el déficit y evitar que la deuda se convierta en un problema para la calificación crediticia. Todo eso es posible.
La pregunta es qué tan sostenible resulta cuando el crecimiento económico es apenas de 2%.
Porque la consolidación fiscal no consiste únicamente en gastar menos. También consiste en que los ingresos crezcan más rápido que las obligaciones. Y ahí está el punto débil.
México no tiene una reforma fiscal integral. Tiene una estrategia de mayor fiscalización, combate a la evasión y ampliación de la base tributaria. Puede funcionar, y hay margen para hacerlo mejor. Pero no es lo mismo recaudar impuestos extraordinarios por cerrar fugas que construir una fuente estructural de ingresos para las próximas décadas.
La diferencia parece técnica. No lo es. Es la diferencia entre corregir una fuga y aumentar permanentemente la capacidad de pago del Estado.
Por eso los bancos no están diciendo que México esté quebrado. Están diciendo algo mucho más importante: que el margen de maniobra se está haciendo pequeño.
Y eso debería importar mucho más que la discusión política sobre si el paquete es “responsable” o “irresponsable”.
Porque la deuda no se paga con discursos. Se paga con ingresos futuros.
Y cuando el gobierno acumula deuda, pensiones, programas sociales, transferencias a Pemex y gasto financiero, cada nuevo presupuesto tiene menos espacio para decidir dónde poner el dinero.
El propio Paquete Económico confirma esa tensión: el déficit baja, pero la deuda sube; la recaudación aumenta, pero no mediante una reforma fiscal; la inversión pública se conserva, pero la privada sigue débil; Pemex recibe menos apoyo, pero continúa dependiendo del gobierno.
Eso es lo que realmente dice el paquete. No estamos ante una crisis fiscal.
Estamos ante algo más silencioso: un Estado que cada año tiene más compromisos y una economía que todavía no crece lo suficiente para ampliar con comodidad el espacio fiscal. Y aquí está la pregunta que deberían responder Hacienda, los bancos y, sobre todo, el gobierno:
¿cuánto tiempo puede crecer el gasto más rápido que la economía antes de que la deuda termine ocupando el espacio que hoy necesitan la inversión, la salud, la educación y el crecimiento?
Porque al final, el problema no es solamente cuánto debe México. Es cuánto tendrá que dejar de hacer mañana para poder pagar lo que decidió hacer hoy.
@JErnestoMadrid
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