Fotografía: Redacción CIgdl.
• El país destina apenas el 0.3% del PIB a la atención materna, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda invertir al menos el 2.1%. Un estudio del Early Institute advierte que el déficit de 842 unidades médicas y la falta de actualización del sistema de atención a emergencias obstétricas contribuyen a miles de defunciones que podrían prevenirse.
México enfrenta un rezago estructural en la atención de la salud materna que pone en riesgo la vida de miles de mujeres y recién nacidos. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda destinar al menos 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a este rubro, el país invierte apenas 0.3 por ciento, es decir, siete veces menos de lo necesario para garantizar una atención oportuna y de calidad.
La advertencia forma parte del estudio “Diagnóstico de la Atención de las Emergencias Obstétricas en México”, elaborado por el Early Institute con base en los Registros de Egresos Hospitalarios Sectorial de la Secretaría de Salud 2023, cuyos resultados fueron presentados este miércoles durante una conferencia de prensa.
El diagnóstico expone que las emergencias obstétricas representan uno de los mayores desafíos del sistema nacional de salud. Tan sólo en 2023 constituyeron el 19 por ciento de todos los egresos hospitalarios y el 61 por ciento de las atenciones relacionadas con salud materno-infantil, cifras que reflejan la magnitud del problema y la presión que enfrenta la infraestructura hospitalaria del país.
Las consecuencias de ese rezago son contundentes. Durante 2023 se registraron 4 mil 871 egresos hospitalarios por defunción asociados con emergencias obstétricas, la mayoría correspondientes a muertes neonatales, un indicador que, de acuerdo con los especialistas, evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud.
El estudio revela además que México presenta un déficit de 842 unidades médicas con capacidad para atender emergencias obstétricas conforme a los estándares establecidos por la OMS, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Las mayores carencias se concentran en Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León, entidades donde la demanda supera la infraestructura disponible.
A ello se suma la limitada operación del Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, vigente desde 2009 y diseñado para garantizar que cualquier mujer reciba atención inmediata sin importar su derechohabiencia. El análisis señala que 35.5 por ciento de las defunciones materno-infantiles registradas durante 2023 ocurrió por causas que actualmente no están contempladas dentro del catálogo de emergencias cubiertas por ese convenio, lo que limita su capacidad de respuesta frente a los nuevos retos epidemiológicos.
Para los investigadores, el problema no radica únicamente en la insuficiencia presupuestal, sino también en la falta de coordinación entre instituciones, la desigualdad en la distribución de infraestructura y la ausencia de una red nacional que garantice atención especializada las 24 horas del día.
Como contraste, el estudio destaca el caso de Guanajuato, entidad que ha logrado fortalecer la atención obstétrica mediante una red hospitalaria basada en el Triage Obstétrico obligatorio, la estrategia Código Mater y sistemas eficientes de referencia, contrarreferencia y traslado. Este modelo demuestra que la coordinación institucional, la capacitación del personal y protocolos homogéneos pueden reducir significativamente los riesgos para madres y recién nacidos.
Frente a este panorama, el Early Institute planteó una agenda de reformas orientada a fortalecer la política pública en materia de salud materna. Entre las principales propuestas se encuentran convertir el actual convenio en una Red Nacional Obligatoria para la Atención de Emergencias Obstétricas, ampliar la capacidad hospitalaria en los estados con mayor déficit, actualizar el catálogo de emergencias obstétricas, fortalecer los sistemas de información y registro, capacitar al personal de todos los niveles de atención e implementar un modelo de redes integradas de salud con disponibilidad permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Los especialistas advirtieron que mantener una inversión equivalente al 0.3 por ciento del PIB dificulta cerrar las brechas de atención y alcanzar los estándares internacionales en salud materna. Incrementar el presupuesto hasta niveles cercanos al 2.1 por ciento recomendado por la OMS no sólo permitiría ampliar la infraestructura hospitalaria, sino también mejorar la calidad de la atención, fortalecer la prevención y reducir la mortalidad materna y neonatal.
La principal conclusión del estudio es que la mortalidad materna no es únicamente un problema médico, sino un desafío de política pública. La capacidad para salvar la vida de una mujer durante una emergencia obstétrica depende, en gran medida, de las decisiones presupuestales, la planeación de la infraestructura y la coordinación del sistema de salud.
Los datos que encienden las alertas:
Los resultados del estudio muestran la dimensión del desafío que enfrenta México en materia de salud materna:
• 0.3% del PIB destina México a salud materna.
• 2.1% del PIB recomienda invertir la Organización Mundial de la Salud.
• 4,871 egresos hospitalarios por defunción derivados de emergencias obstétricas durante 2023.
• 842 unidades médicas hacen falta para cumplir con los estándares internacionales de atención.
• 19% de todos los egresos hospitalarios corresponden a emergencias obstétricas.
• 61% de los egresos relacionados con salud materno-infantil están asociados con emergencias obstétricas.
• 35.5% de las defunciones materno-infantiles ocurrió por causas que no están contempladas en el Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas.
• Cinco estados concentran el mayor déficit de infraestructura: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León.
La advertencia del Early Institute es clara: mientras la salud materna continúe siendo una prioridad secundaria en el presupuesto público, México difícilmente podrá reducir la mortalidad materna y neonatal al ritmo que exigen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos internacionales en materia de salud. La diferencia entre contar con atención especializada o no hacerlo puede significar, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.
@JErnestoMadrid
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