Fotografía: Redacción CIgdl.
• La vinculación a proceso del exgobernador Ernesto Ruffo coloca por primera vez a un exmandatario estatal ante la justicia por una presunta red de contrabando de combustibles. El caso también reaviva el debate sobre la aplicación del mismo criterio judicial a otros expedientes de huachicol fiscal vinculados con personajes cercanos al poder.
La vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando de combustibles y operaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal, representa uno de los golpes judiciales más relevantes contra un exmandatario estatal. Sin embargo, el caso también abrió un nuevo frente político: el de la consistencia en el combate a una red criminal que, por su propia naturaleza, difícilmente podría operar sin protección institucional.
Tras una audiencia de 36 horas, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para mantener en prisión preventiva a Ruffo y a otros implicados, mientras continúan las investigaciones sobre una presunta estructura que habría introducido combustibles desde Texas mediante declaraciones aduaneras falsas para evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con la investigación conjunta de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la empresa Ingemar habría funcionado como el eje financiero de la operación, con movimientos superiores a 3 mil millones de pesos en México y más de mil 386 millones de dólares en operaciones cambiarias, apoyada por una red de empresas fachada, triangulación de recursos y transferencias hacia compañías establecidas en Houston.
La Fiscalía sostiene que el esquema permitió importar gasolina y diésel haciéndolos pasar por lubricantes o aditivos para evitar el pago de IEPS e IVA, generando un daño multimillonario a las finanzas públicas y recursos para organizaciones criminales.
No obstante, el expediente también deja una interrogante política de fondo. Desde hace más de un año, diversas investigaciones periodísticas, informes de inteligencia financiera y señalamientos provenientes incluso de autoridades estadounidenses han advertido sobre redes de huachicol fiscal en las que han aparecido mencionados empresarios, operadores y personajes vinculados al entorno de Morena. Hasta ahora, ninguno de esos casos ha derivado en procesos penales de alto perfil similares al iniciado contra Ruffo.
Esa fue precisamente la línea de crítica planteada por legisladores del PAN. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó al exgobernador como un “preso político” y sostuvo que resulta poco creíble atribuir a una sola persona una operación que, por su dimensión logística, requiere la participación o, al menos, la omisión de diversas autoridades aduaneras, fiscales, portuarias y de seguridad.
Más allá del debate partidista, el caso coloca nuevamente el foco sobre uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano: desmantelar las redes financieras del contrabando de combustibles sin distinguir colores políticos. La judicialización del expediente contra Ruffo envía una señal de endurecimiento en el combate al delito; sin embargo, la credibilidad de esa estrategia dependerá de que el mismo estándar jurídico se aplique a todos los casos, independientemente de la filiación política de los involucrados.
En términos de política pública, el proceso judicial puede convertirse en un precedente relevante contra el huachicol fiscal. En términos políticos, también representa una prueba para un gobierno que ha sostenido como bandera el combate a la corrupción, pero que enfrenta cuestionamientos por la ausencia de investigaciones judiciales contra figuras cercanas al oficialismo que han sido señaladas en expedientes públicos relacionados con ese mismo fenómeno.
@JErnestoMadrid
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