Fotografía: Redacción CIgdl.
• Las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada revelan algo más profundo que un diferendo diplomático: detrás de la exigencia de aclarar la participación del FBI se libra una negociación donde convergen el T-MEC, la seguridad, los aranceles y las presuntas redes de protección política al Cártel de Sinaloa.
La discusión ya no gira en torno a cómo fue capturado Ismael “El Mayo” Zambada. Ese episodio dejó de ser un caso criminal para convertirse en el centro de una disputa diplomática mucho más amplia entre México y Estados Unidos.
La insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en preguntar públicamente “¿quién mintió?” no busca únicamente aclarar si el entonces embajador Ken Salazar ocultó información sobre la participación del FBI en la operación del 25 de julio de 2024. La pregunta tiene una dimensión política: intenta reconstruir la narrativa de la soberanía mexicana en un momento en que Washington parece haber cambiado por completo la lógica de su relación con México.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el discurso de la soberanía fue suficiente para limitar la presencia de agencias estadounidenses como la DEA. Sin embargo, el escenario actual es distinto. La administración estadounidense ya no está discutiendo únicamente mecanismos de cooperación; ahora está colocando sobre la mesa presuntos vínculos entre estructuras políticas mexicanas y organizaciones criminales.
Ese cambio explica por qué el caso de Rubén Rocha Moya dejó de ser un asunto exclusivamente estatal para convertirse en una pieza estratégica dentro de la relación bilateral. Las revelaciones sobre la operación que terminó con la captura de “El Mayo”, las investigaciones periodísticas que documentan la participación del FBI y las acusaciones que alcanzan al círculo político sinaloense forman parte de un mismo expediente visto desde Washington.
Desde esa óptica, la pregunta de la Casa Blanca ya no es cómo fue detenido uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa. La pregunta es quién protegía la estructura política que permitió durante años la operación de esa organización criminal. Por eso la narrativa presidencial insiste en la soberanía. Cuando Sheinbaum afirma que ninguna agencia extranjera puede operar en territorio nacional sin autorización, traslada el debate del terreno judicial al constitucional. El mensaje busca fortalecer la posición del Estado mexicano frente a una eventual intervención extranjera y, al mismo tiempo, evita entrar al fondo del problema: las investigaciones estadounidenses parecen avanzar hacia las redes de protección política del narcotráfico.
No es casual que, paralelamente, Washington haya endurecido prácticamente todos los frentes de negociación con México. Primero aparecieron las advertencias sobre la revisión del T-MEC. Después llegaron los aranceles sectoriales. Más tarde, el Departamento del Tesoro vinculó el robo y contrabando de combustibles con el financiamiento de campañas políticas y redes de corrupción. Ahora, el caso Rocha Moya se convierte en otro punto de presión.
Cada expediente parece independiente, pero juntos construyen un mismo mensaje: para Estados Unidos, el combate al crimen organizado ya no puede separarse de las responsabilidades políticas de quienes habrían permitido su expansión. Desde esa perspectiva también adquiere relevancia la pregunta formulada por la presidenta: “¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?”.
La respuesta pretende deslindar a su administración de cualquier negociación con organizaciones criminales, pero al mismo tiempo revive inevitablemente el debate sobre la política de “abrazos, no balazos”, cuyos resultados continúan siendo cuestionados dentro y fuera del país. Mientras tanto, la violencia en Sinaloa continúa, las operaciones militares se intensifican y las investigaciones estadounidenses avanzan sin mostrar señales de retroceso.
Por eso Washington parece estar enviando mensajes en varios idiomas al mismo tiempo. Habla con el lenguaje comercial cuando condiciona el futuro del T-MEC. Habla con el lenguaje financiero cuando sanciona empresas y exhibe redes de lavado de dinero. Habla con el lenguaje judicial cuando documenta investigaciones contra personajes cercanos al poder político. Y habla con el lenguaje de inteligencia cuando mantiene abiertas las indagatorias sobre la captura de “El Mayo” Zambada.
La administración de Claudia Sheinbaum intenta responder desde el terreno de la soberanía, una posición jurídicamente válida y políticamente necesaria para cualquier jefe de Estado. Sin embargo, el verdadero desafío consiste en demostrar que la defensa de la soberanía no puede confundirse con la protección de funcionarios eventualmente investigados por autoridades extranjeras.
Ese será el punto de quiebre de la relación bilateral. Porque si Washington considera que Rubén Rocha Moya posee información capaz de explicar los presuntos vínculos entre poder político y crimen organizado, difícilmente dejará de insistir.
Y mientras México exige respeto a su soberanía, Estados Unidos parece decidido a utilizar todos los instrumentos a su alcance —comerciales, financieros, diplomáticos y judiciales— para mantener abierto un expediente que, desde su perspectiva, aún está lejos de concluir.
@JErnestoMadrid
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