Fotografía: Redacción CIgdl.
• La primera semana de Roberto Lazzeri en Washington llega con expediente cargado: presión estadounidense contra Morena, amenazas sobre cárteles y renegociación comercial. El problema es que, frente a una crisis política de alto voltaje, su perfil técnico difícilmente caminará sin tutela desde Palacio Nacional.
La ratificación de Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos confirma una señal que comienza a consolidarse dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo: los operadores técnicos más cercanos al aparato financiero construido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no sólo sobrevivieron políticamente. Siguen escalando posiciones estratégicas.
El pasado 23 de junio, Lazzeri aterrizó en Washington para asumir una de las posiciones diplomáticas más complejas del momento. No llega en tiempos normales. Desde esa embajada hoy se negocian temas explosivos: la amenaza de Estados Unidos de intervenir directamente contra cárteles mexicanos dentro del territorio nacional, solicitudes de extradición contra políticos mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico y la fase más delicada de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
Su nombramiento, sin embargo, no parece responder a experiencia diplomática. Economista egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, exdirector de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, Lazzeri construyó su carrera bajo el cobijo del exsecretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, de quien fue discípulo político y operador técnico en algunos de los expedientes financieros más delicados del obradorismo.
El más emblemático fue la compra en 2023 de 13 plantas eléctricas de Iberdrola por 6 mil 200 millones de dólares, presentada por López Obrador como símbolo de soberanía energética. Pero detrás del discurso nacionalista, Lazzeri fue pieza clave en la compleja ingeniería financiera que permitió concretar la operación: articuló negociaciones entre banca internacional, organismos regulatorios estadounidenses e instituciones financieras mexicanas.
El problema es que aquella supuesta nacionalización rápidamente mostró sus contradicciones. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que México no aumentó capacidad de generación eléctrica; simplemente pagó miles de millones por activos ya operando cuyos contratos ya estaban comprometidos con la propia Comisión Federal de Electricidad.
La paradoja fue mayor: tras vender, Iberdrola prácticamente abandonó México, transfirió el resto de sus operaciones a Cox Infrastructure Group por otros 4 mil millones de dólares y el capital privado continuó expandiéndose. Incluso el propio gobierno terminó desinvirtiendo posteriormente cerca del 30 por ciento del capital adquirido mediante certificados colocados entre inversionistas institucionales, incluidas Afores.
Pero Iberdrola no sería el único expediente incómodo. En junio de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encendió alertas sobre presuntos vínculos de instituciones financieras mexicanas con operaciones de lavado de dinero y financiamiento criminal, Lazzeri volvió a aparecer en el centro de la crisis.
Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encabezada por Edgar Amador Zamora, inició la separación fiduciaria de instituciones como CIBanco e Intercam Banco. Dentro del propio sector bancario, Lazzeri fue identificado como uno de los principales operadores técnicos encargados de contener uno de los episodios más delicados de supervisión financiera bilateral entre México y Estados Unidos en años recientes.
Y es ahí donde comienza la verdadera preocupación. Porque la decisión de Sheinbaum de enviar a Washington a un funcionario técnicamente sólido, pero políticamente inexperto en los laberintos del Capitolio y la Casa Blanca, genera más preguntas que certezas. Analistas consideran que necesitará tutela permanente desde Cancillería y respaldo directo tanto de Ramírez de la O como del canciller Roberto Velasco.
Sobre todo, porque en esa misma embajada se procesan actualmente solicitudes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra al menos diez políticos de Morena en Sinaloa presuntamente vinculados al narcotráfico. Ocho permanecen en México bajo protección política y dos ya se entregaron voluntariamente. Entre los nombres bajo presión aparecen Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez, mientras en Washington crece la expectativa de que puedan ser declarados prófugos por la administración de Donald Trump.
En paralelo, distintas investigaciones siguen apuntando a una hipótesis cada vez más incómoda para el oficialismo: que parte del crecimiento electoral de Morena durante el sexenio de López Obrador pudo haberse sostenido con recursos provenientes del Cártel de Sinaloa y estructuras criminales movilizadas electoralmente, una línea de investigación que inevitablemente sigue acercándose al corazón político del obradorismo. La pregunta de fondo no es si Roberto Lazzeri tiene capacidad técnica. Eso pocos lo discuten. La verdadera pregunta es otra.
Cuando uno de los operadores financieros que participó en operaciones tan controvertidas como Iberdrola y después apareció conteniendo crisis bancarias derivadas de alertas del Tesoro estadounidense termina ocupando la embajada más importante para México, el mensaje deja de ser diplomático.
Parece, más bien, la confirmación de una vieja regla no escrita del poder mexicano:
en la llamada continuidad de la transformación, no ascienden quienes dieron resultados. Ascienden quienes protegieron al régimen cuando más lo necesitaba.
@JErnestoMadrid
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