Fotografía: IA.
• Mientras Morena presume filtros anticorrupción para elegir candidatos rumbo a 2027, investigaciones revelan una red de pagos millonarios, legisladores abandonan cargos que juraron cumplir y el partido oficial comienza a exhibir las mismas prácticas que prometió erradicar.
En política mexicana existe una constante que suele repetirse con precisión casi matemática: los partidos llegan al poder prometiendo destruir las viejas prácticas… hasta que descubren que esas mismas prácticas resultan extraordinariamente útiles para conservarlo. Eso parece estar ocurriendo hoy con Morena.
Esta semana arrancó formalmente el proceso interno para definir candidaturas a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. La narrativa oficial intenta proyectar un partido institucionalizado, transparente y comprometido con la ética pública. La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, anunció que todo aspirante deberá firmar cartas bajo protesta de decir verdad, acreditar no tener antecedentes penales, no ser deudor alimentario y, además, autorizar que Morena solicite información a autoridades federales para investigar posibles vínculos con corrupción o actividades criminales.
En apariencia suena impecable. El problema comienza cuando esa exigencia ética convive simultáneamente con hechos que contradicen exactamente ese discurso.
Porque mientras Morena exige certificados de pureza política a sus aspirantes, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), elaborada por los periodistas Eduardo Buendía y Raúl Olmos, documentó que durante la dirigencia de Mario Delgado el Comité Ejecutivo Nacional del partido utilizó a Financiera para el Bienestar (Finabien), organismo público federal, para dispersar más de 252 mil pagos de supuestos apoyos sociales en todo el país.
El detalle resulta particularmente delicado. Ni la legislación electoral ni los propios estatutos internos de Morena autorizan legalmente a un partido político a entregar “apoyos sociales” bajo este tipo de esquemas. La auditoría interna obtenida por MCCI revela además pagos por más de 3.5 millones de pesos en comisiones, reintegros por operaciones no realizadas y una estructura financiera que abre preguntas serias sobre el posible uso político-electoral de recursos públicos bajo mecanismos paralelos.
Dicho de manera simple: mientras Morena revisa si sus futuros candidatos tienen antecedentes de corrupción… el propio partido enfrenta cuestionamientos sobre prácticas que podrían constituir irregularidades administrativas o algo más delicado. Pero la contradicción no termina ahí.
En el Senado de la República comenzó esta semana otra vieja costumbre de la política mexicana que Morena juró combatir: “el chapulineo” institucional. Senadoras como Verónica Díaz, Ana Lilia Rivera, Olga Sosa y Luisa Cortés comienzan a solicitar licencia para competir por gubernaturas… pese a que ni siquiera han cumplido dos años del mandato de seis años para el que fueron electas.
Es decir, pidieron el voto para legislar… pero ahora descubren que gobernar resulta políticamente más atractivo. Aunque claro, con una ventaja interesante: si no consiguen candidatura, siempre pueden regresar tranquilamente a ocupar el escaño que abandonaron temporalmente. Pero quizás el dato políticamente más revelador ocurre fuera del propio proceso formal.
De acuerdo con un reporte de El Universal, afuera del World Trade Center Mexico City donde Morena realiza la pasarela de aspirantes, el producto político más vendido no son figuras de la presidenta ni del partido. Son cobijas y llaveros con la imagen de Omar García Harfuch.
Un detalle aparentemente menor… salvo porque en política mexicana los símbolos suelen anticipar movimientos de poder antes que los discursos oficiales. Mientras tanto, la dirigente nacional Ariadna Montiel eleva el tono político acusando a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de “traición a la patria”, apelando nuevamente al discurso de soberanía nacional. La paradoja resulta fascinante.
Morena acusa a la oposición de corrupción mientras enfrenta investigaciones financieras incómodas. Exige lealtad institucional mientras sus legisladores abandonan cargos para buscar posiciones más rentables políticamente.
Presume combate a viejas prácticas… mientras reproduce exactamente algunas de las mismas lógicas clientelares que durante años criticó del PRI y del PAN. La pregunta inevitable comienza a tomar forma.
¿Morena está construyendo un nuevo modelo político… o simplemente perfeccionando las viejas prácticas bajo un discurso distinto? Porque al final, en México la corrupción rara vez desaparece. Normalmente solo cambia de narrativa. Y a veces… también cambia de color. Rojo, azul… o guinda.
@JErnestoMadrid
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