Fotografia: IA.
El 22 de febrero del 2026 marcará un antes y un después para Guadalajara. Los hechos de violencia registrados ese día no solo alteraron la vida cotidiana en la capital jalisciense y en varios municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara; también encendieron alertas sobre el impacto económico y reputacional que puede enfrentar un estado cuya columna vertebral es el turismo y los servicios.
Durante años, Jalisco se posicionó como un referente internacional. Playas, gastronomía, cultura y negocios atrajeron a miles de visitantes extranjeros. El aeropuerto internacional de Guadalajara era reflejo de ese dinamismo: la llegada constante de turistas consolidaba al estado como uno de los motores económicos del país. Hoy, tras los episodios violentos, el panorama parece invertirse. Operadores turísticos y empresarios advierten que las salidas superan a los ingresos y que la percepción de riesgo comienza a pesar más que la oferta cultural.
La captura de uno de los capos más sanguinarios desde la década de los noventa —cuya detención detonó reacciones violentas— ha dejado a la población en estado de zozobra. El temor no solo se centra en lo ocurrido, sino en lo que podría venir. Habitantes y comerciantes coinciden en que la incertidumbre se ha instalado como una constante: cierres anticipados, cancelaciones de reservas y una caída en la actividad nocturna son algunos de los primeros efectos visibles.
El impacto puede ser brutal para la economía estatal. El turismo representa un soporte clave para miles de familias que dependen directa o indirectamente de la derrama económica. La afectación no se limita a hoteles y restaurantes; alcanza a transportistas, guías, artesanos y pequeños comercios que viven del flujo constante de visitantes.
A nivel internacional, la imagen de Jalisco enfrenta un desafío complejo. En un entorno global donde la seguridad es un factor decisivo para el viajero, los hechos violentos repercuten de inmediato en las alertas consulares y en la percepción mediática. Aunque autoridades federales y estatales han intentado minimizar los acontecimientos y asegurar que se trata de episodios focalizados, la narrativa pública apunta a que fueron rebasadas por células criminales que operan con capacidad logística y armamentística significativa.
La preocupación no es exclusiva de Guadalajara. Estados como Zacatecas, Michoacán y Sinaloa también enfrentan escenarios de violencia ligados al crimen organizado, lo que refuerza la percepción de una problemática estructural a nivel nacional.
Especialistas en seguridad coinciden en que mientras no se logre la desarticulación efectiva de las células criminales y no se fortalezcan las estrategias de prevención y reacción, será difícil “cantar victoria”. La confianza —tanto de los ciudadanos como de los inversionistas y turistas extranjeros— depende no solo de operativos reactivos, sino de resultados sostenidos.
El 22 no fue únicamente una jornada de violencia; fue un punto de inflexión. La pregunta que hoy se hacen empresarios, autoridades y ciudadanos es si Jalisco podrá reconstruir su imagen internacional y recuperar la estabilidad que lo convirtió en destino emblemático. La respuesta dependerá de acciones concretas y de la capacidad institucional para garantizar lo más básico: la seguridad.
