Fotografía: Manuel Álvarez
La más reciente sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco dejó más preguntas que certezas. Aunque el gobierno estatal presentó un largo informe cargado de cifras, rankings y anuncios de programas, el contraste entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan municipios y ciudadanos sigue siendo evidente.
Durante la reunión, encabezada por el gobernador Pablo Lemus, se destacó una supuesta disminución general de la incidencia delictiva y del homicidio doloso en la entidad. Sin embargo, estos datos fueron expuestos sin un análisis profundo sobre su impacto real en la vida cotidiana ni sobre los factores estructurales que continúan alimentando la violencia, como la desaparición de personas, el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado y la precariedad de las policías municipales.
Mientras el gobierno estatal celebró avances en equipamiento, conectividad tecnológica y salarios de la policía estatal —a los que calificó como los más altos del país—, alcaldes de distintas regiones reconocieron públicamente una problemática preocupante: los municipios no pueden competir con el estado ni en sueldos ni en prestaciones. Esto ha provocado una fuga constante de elementos municipales hacia corporaciones estatales, debilitando aún más a las policías locales, que son la primera línea de contacto con la ciudadanía.
La sesión también evidenció una narrativa triunfalista que contrasta con las propias declaraciones de autoridades federales y militares, quienes alertaron sobre fenómenos graves como la proliferación de maquinitas tragamonedas vinculadas al crimen organizado, utilizadas no solo para financiar actividades ilícitas, sino también para captar y normalizar la violencia entre niñas, niños y jóvenes. A pesar de esta advertencia, no se anunciaron acciones concretas ni inmediatas para enfrentar este problema.
Otro punto crítico fue el énfasis del gobierno estatal en la percepción de inseguridad. Lejos de reconocer el descontento social, se sugirió que el problema radica en la metodología de las encuestas del INEGI, planteando incluso reuniones para “mejorar” la medición, lo que deja la impresión de que la prioridad es ajustar la percepción y no necesariamente transformar la realidad.
Aunque se anunciaron millonarias inversiones en patrullas, cámaras, arcos carreteros y centros de monitoreo, persiste la opacidad sobre la eficacia de estos recursos en regiones fuera del área metropolitana y sobre la capacidad real de los municipios para sostener estas estrategias a largo plazo.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública volvió a convertirse en un espacio más de legitimación política que de rendición de cuentas. La sesión cerró sin un reconocimiento claro de las limitaciones del modelo actual ni de las profundas desigualdades entre el estado y los municipios.
