La comunidad universitaria y diversas organizaciones sociales comenzaron una movilización para resistir el incremento en la tarifa del transporte público, que a partir del 1 de abril de 2026 será de 14 pesos. La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara lidera las acciones con el objetivo de visibilizar su rechazo a la medida y exigir transparencia en el proceso de definición de tarifas.
En una conferencia de prensa, Fernanda Romero, presidenta de la FEU, expresó que la lucha no solo busca detener el aumento, sino también promover un diálogo abierto con las autoridades estatales. “Solicitamos transparencia total en la fijación de tarifas: que los datos, los criterios y las fórmulas con las que justifican cualquier ajuste sean públicos, claros y verificables. Queremos que los usuarios participen realmente en la toma de decisiones, no solo como espectadores, sino con voz y voto efectivo”, afirmó.
Además, Romero destacó que su organización pide que se implementen subsidios dirigidos a estudiantes, jóvenes y sectores vulnerables, pero que estos estén condicionados a mejoras verificables y sostenibles en el sistema de transporte.
Para hacer escuchar sus demandas, los universitarios han iniciado encuestas en puntos concurridos, como el Parque Rojo, donde desde primeras horas de la mañana realizan labores de sensibilización y distribución de información. “Nuestra intención es recopilar opiniones y necesidades de quienes usan diariamente el transporte público para presentarlas a las autoridades y buscar una solución que beneficie a la población”, añadió la representante estudiantil.
En el contexto de la movilización, Romero no descartó que, si no hay una respuesta favorable por parte de las autoridades, se contemplen movilizaciones más contundentes. Sin embargo, reiteró que por ahora preferirán agotar las vías del diálogo.
Por su parte, Natalia Juárez, secretaria del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, se sumó a la protesta y calificó el aumento como ilegal, asegurando que sus organizaciones mantienen plena autonomía frente a las decisiones de la institución educativa.
En el ámbito político, la diputada local Tonantzin Cárdenas anunció que solicitará una revisión en la Comisión de Hacienda Legislativa para analizar el impacto del subsidio de 1,200 millones de pesos que el Gobierno de Jalisco planifica destinar al sistema de transporte en 2026. La legisladora explicó que dicha reasignación de recursos podría ser clave para evitar el incremento en las tarifas, en espera de que se fomenten alternativas que prioricen a los usuarios más vulnerables.
El movimiento continúa en marcha, con la expectativa de lograr una mesa de diálogo efectiva que permita detener el aumento y asegurar que las decisiones futuras sobre tarifas sean transparentes, participativas y en beneficio de toda la población jalisciense.
