Fotografía: Redacción CIgdl.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco hizo públicas recientemente seis recomendaciones dirigidas a diferentes corporaciones policiales y judiciales del estado, además de una dirigida a Servicios Médicos Municipales de El Salto.
Estas acciones surgen tras una serie de investigaciones que documentaron casos de tortura, detenciones arbitrarias, tratos crueles y en algunos casos, fallas en la atención médica a las personas involucradas.
Las recomendaciones llegarán a policías municipales de Tonalá, Zapopan, El Grullo y Tlajomulco, así como a elementos de la Fiscalía del Estado y a una jueza del municipio de El Salto. El objetivo es buscar que las instituciones responsables adopten medidas correctivas, sancionen a los responsables y garanticen que estos hechos no se repitan.
Uno de los casos más recientes, ocurrido el 5 de septiembre de 2024 en Tonalá, involucró la detención de un ciudadano que fue sometido a agresiones físicas y verbales por parte de policías durante una revisión de rutina. La investigación de la CEDH evidenció que el individuo fue esposado sin justificación, golpeado tanto dentro de la patrulla como en un terreno baldío, donde fue amenazado y despojado de sus pertenencias. La organización afirmó que estas acciones constituyen una retención ilegal y violan derechos fundamentales, pese a las negativas de los agentes involucrados.
Otro caso relevante data de agosto de 2008, en Zapopan, donde un ciudadano fue detenido de forma arbitraria y sometido a torturas físicas y psicológicas. La violencia se prolongó durante cerca de un mes en su proceso de arraigo, en el que las lesiones permanentes y las afectaciones a su salud mental fueron constatadas por peritajes médicos. La CEDH calificó estas conductas como violaciones graves a los derechos a la legalidad y a la integridad personal.
En El Grullo, la Comisión encontró evidencia de tortura cometida por oficiales de Seguridad Pública contra un ciudadano que fue interceptado tras su jornada laboral en octubre de 2023. Además, una jueza municipal impuso medidas y multas irregulares, además de exigir dinero al afectado para evitar que su vehículo fuera remitido al corralón. Los peritajes acreditaron lesiones consistentes con actos de tortura y abuso de autoridad.
La CEDH insistió en la importancia de que las autoridades atrapadas en estos casos adopten medidas de reparación del daño, perfeccionen los protocolos y ofrezcan garantías efectivas de no repetición.
