Fotografía. Redacción CIgdl
El brutal asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ha generado una profunda condena a nivel nacional, ya que expertos y autoridades coinciden en que hechos como este deben ser considerados como una tragedia que impacta en la estabilidad social del país y exige una respuesta contundente, sin permitir que la violencia se normalice.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expresó su enérgico rechazo a lo ocurrido en Michoacán y llamó a la sociedad y a las instituciones a sumar esfuerzos para prevenir que hechos similares vuelvan a repetirse. Enfatizó que el acto armado, cometido a plena luz del día y frente a su hijo en un espacio público, representa una muestra clara de la gravedad que enfrenta el país en materia de seguridad pública.
“Lo acontecido en Uruapan no puede ser ignorado ni banalizado. Es una tragedia nacional que nos invita a reflexionar y fortalecer nuestras acciones conjuntas para erradicar la violencia”, manifestó el mandatario.
Por otra parte, en Jalisco, las autoridades destacan que la protección a los presidentes municipales ya cuenta con protocolos establecidos. Hasta el momento, ningún edil ha solicitado adicionales refuerzos de seguridad más allá de los mecanismos ya implementados por el Estado. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad estatal mantiene en reserva los nombres de quienes actualmente gozan de protección especial, por razones de confidencialidad y seguridad.
Asimismo, los gobernadores de las regiones Bajío y Occidente acordaron en recientes reuniones incrementar las acciones coordinadas para fortalecer los límites territoriales y evitar la migración de la delincuencia hacia otras entidades. Entre las medidas contempla la instalación de sistemas tecnológicos y la presencia reforzada de fuerzas estatales en las fronteras regionales.
Uno de los proyectos estratégicos incluye la implementación de un sistema avanzado de inteligencia, junto con arcos carreteros y muros tecnológicos, que no solo beneficiarán a la zona metropolitana de Guadalajara, sino también a las fronteras con otros estados, y cuya primera etapa, en preparación para el Mundial de Fútbol, estará operacional en diciembre de 2026. La segunda fase contempla la instalación de arcos en las carreteras principales, que se espera concluyan antes de esa fecha, fortaleciendo la coordinación y la vigilancia en las vías de comunicación.
El objetivo central de estas acciones es evitar que la violencia y la delincuencia se expandan en territorio jalisciense, reforzando la seguridad tanto en zonas urbanas como en las rurales, y protegiendo a las autoridades locales en su labor de gobierno.
Mientras tanto, la sociedad sigue demandando acciones coordinadas y efectivas para hacer frente a la violencia que azota al país, recordando que tragedias como la de Uruapan deben servir como llamada de atención para intensificar los esfuerzos y no dejar que la inseguridad se vuelva una normalidad.
