Fotografía: Redacción CIgdl.
La diputada federal por Morena, Claudia García, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Unión, denunció graves deficiencias en la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en el estado de Jalisco, así como la falta de perspectiva de género en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Durante su pronunciamiento, la legisladora señaló que Jalisco figura entre las entidades con mayor número de víctimas de violencia contra mujeres y menores, y advirtió que las fallas en el sistema de protección infantil colocan a adolescentes en situaciones de extrema vulnerabilidad.
“En algunos casos, los menores terminan en centros de rehabilitación porque no existen espacios adecuados para resguardarlos. Están expuestos a manipulación y a riesgos que agravan su condición de vulnerabilidad”, explicó.
García sostuvo que en los centros de justicia y dependencias como Ciudad Niñez se registran omisiones y actos de corrupción que impiden el acceso a una defensa efectiva. “Se pierden carpetas de investigación, los Ministerios Públicos modifican declaraciones y los jueces actúan de forma parcial. Es evidente que la corrupción sigue siendo un obstáculo para las víctimas”, denunció.
La diputada destacó que uno de los mayores problemas es la violencia vicaria, un fenómeno que afecta a cientos de mujeres en el estado. “En Jalisco tenemos alrededor de 700 mujeres identificadas con casos de violencia vicaria, aunque los colectivos aseguran que son muchas más. Es una violencia que puede escalar hasta el feminicidio”, advirtió.
Asimismo, criticó la falta de capacitación en perspectiva de género entre los servidores públicos que atienden a las víctimas. “Las mujeres llegan a los centros de justicia y son revictimizadas. Les preguntan si traen pruebas o si están golpeadas, lo cual demuestra la ausencia de sensibilidad y profesionalismo”, agregó.
García calificó estas deficiencias como violencia institucional, al considerar que las omisiones del gobierno estatal y del Poder Judicial vulneran el interés superior de las mujeres y los menores. “Queremos un poder judicial renovado, sin corrupción y con justicia verdadera. No queremos más mujeres violentadas ni procesos fuera de la ley”, concluyó.
