La diputada local de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina Ortiz, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Jalisco con el objetivo de frenar el robo de infraestructura pública y cerrar el paso a la impunidad de quienes también la comercializan.
La legisladora explicó que esta es la tercera propuesta que impulsa desde el Congreso para atender fenómenos delictivos emergentes, como ya lo hizo en casos de sustancias modelantes y de despojo y suplantación. En esta ocasión, busca modificar la fracción sexta del artículo 236 para aumentar las penas y restringir beneficios procesales a quienes sustraigan, posean o vendan bienes destinados a servicios como alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, drenaje, telecomunicaciones, gas natural y señalización vial.
“En Jalisco operan más de 670 establecimientos dedicados al reciclaje de metales, sobre todo en el área metropolitana, que en muchos casos son compradores de materiales robados como cables, tubos o tapas de registro”, señaló Medina Ortiz.
De acuerdo con cifras oficiales, el robo de cable eléctrico genera pérdidas millonarias, calculadas en más de 900 millones de pesos a nivel nacional, además de poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía al dejar calles a oscuras o drenajes sin protección.
La propuesta contempla penas de hasta 15 años de prisión y multas superiores a los 40 mil pesos, además de eliminar la posibilidad de que los responsables accedan a salidas alternas como acuerdos reparatorios o suspensión condicional del proceso.
“La intención es clara: quien robe o compre material robado que forma parte de la infraestructura pública deberá enfrentar consecuencias reales. Dañar a la ciudad será un delito grave y ya no bastará con reparar el daño para evitar la cárcel”, enfatizó la diputada.
